Vecinos de la urbanización Terra Sur, ubicada en Maturín, rescataron a Sara Loaiza, una ciudadana de nacionalidad peruana que permaneció tres días privada de su libertad dentro de su propia vivienda. Durante el cautiverio, la mujer fue sometida a violencia física y psicológica por parte de su cónyuge y su suegra.
La víctima, quien perdió a sus padres durante la pandemia de COVID-19, había migrado a Venezuela con el objetivo de construir un hogar seguro para su hija de seis años. Sin embargo, sus agresores la despojaron de sus documentos personales de identificación y visado. Tras el auxilio comunitario, el caso quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía del Ministerio Público, mientras que el esposo permanece bajo custodia policial.
El rescate y las agresiones
De acuerdo con las declaraciones de Evanyetzi Faría, habitante de la zona, el cautiverio se extendió durante el fin de semana del sábado 17 al lunes 19 del presente mes. La alerta se activó cuando la víctima logró hacer señales de auxilio desde una ventana al transporte escolar que trasladaba a su hija.
«Sara estuvo en cautiverio durante tres días con golpes severos. Nosotras, como vecinas del frente, acudimos al llamado desesperado y logramos rescatarla el lunes al mediodía. La llevamos directamente a formular la denuncia ante la Policía del Estado, donde nos brindaron apoyo inmediato y enviaron una comisión para detener al esposo», precisó Faría.
Por su parte, Margaret Rendón, vecina que participó directamente en la extracción de la víctima, denunció que las acciones de auxilio desencadenaron represalias contra la comunidad: «El mismo día del rescate, el hombre me amenazó con un cuchillo exigiéndome que le devolviera a su esposa y a su hija, advirtiéndome que si no lo hacía, vería de lo que era capaz. No solo está en peligro la vida de ella, sino la de todas las personas que le prestamos apoyo», manifestó Rendón.
Antecedentes y vulnerabilidad
Las voceras comunitarias indicaron que no se trata de un hecho aislado. Señalaron que el agresor cuenta con antecedentes por conductas violentas y alteración del orden público en el sector, razones por las cuales ya había sido expulsado de otras urbanizaciones años atrás.
Asimismo, manifestaron profunda preocupación por la integridad física y mental de Loaiza y de su hija de seis años. Ambas se encuentran temporalmente resguardadas en una residencia del mismo complejo habitacional bajo la protección y el cuidado de sus vecinos.
Exigencias institucionales y comunitarias
La comunidad organizada de Terra Sur fijó posición ante las instituciones de justicia e hizo un llamado público a las autoridades competentes para exigir celeridad procesal.
«Pedimos que se eviten retardos en las investigaciones ante presuntas maniobras e influencias dirigidas a otorgar la libertad del agresor. También exigimos medidas de protección integral que otorguen garantías de seguridad inmediatas para la víctima, su hija menor y todas las vecinas que firmamos la denuncia. Además, solicitamos el desalojo del ciudadano del urbanismo por la paz comunal», afirmó Evanyetzi Faría.
Los habitantes de la zona reiteraron que se mantendrán organizados para evitar que el caso quede impune y para asegurar el resguardo definitivo de la ciudadana extranjera y su núcleo familiar.
Fotos | Juan Carlos Goitía
