El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su canciller Yván Gil, manifestó su repudio ante la reciente renovación de la denominada «emergencia nacional» por parte de la administración de los Estados Unidos.
Esta medida, prorrogada el pasado 18 de febrero, prolonga la vigencia de la Orden Ejecutiva 13692, instrumento que Caracas califica como carente de fundamento legal.
Un decreto con 11 años de vigencia
La Orden Ejecutiva 13692 fue dictada originalmente el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. Al cumplirse once años de su creación, el Estado venezolano sostiene que la normativa se fundamenta en premisas alejadas de la verdad y del Derecho Internacional.
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Para la Cancillería venezolana, resulta «insólita» la persistencia en calificar a la nación como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad estadounidense. Según el comunicado oficial, el tiempo ha demostrado que Venezuela no representa peligro alguno para el pueblo o el gobierno de los Estados Unidos, ni para cualquier otra nación.
El texto subraya que esta prórroga responde estrictamente a intereses políticos y funciona como una herramienta de presión que obstaculiza la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas.
«Estas acciones unilaterales ignoran de forma deliberada los vínculos históricos, culturales y humanos que han unido tradicionalmente a ambas sociedades», reza el comunicado.
La administración venezolana enfatiza que el decreto distorsiona la naturaleza de los lazos bilaterales y perpetúa una narrativa de confrontación que no guarda relación con la realidad actual del país.
Con información de Globovisión
