Un fuerte dispositivo de seguridad rodeaba este viernes el Congreso de los Diputados en Madrid antes de la esperada sesión. Vehículos de la policía y vallas aguardaban la llegada anunciada de los manifestantes que acampan por el derecho a la vivienda desde hace casi una semana en la cercana Puerta del Sol.
Los sindicatos de inquilinos llamaron a presionar por la aprobación de los dos decretos que el Gobierno de España adoptó el martes, en plena ola de protestas, desatadas tras el desahucio la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue obligada a dejar el piso donde vivía desde hacía siete décadas.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha calificado como «muy grave» el previsto rechazo de los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de coalición de izquierdas y ha llamado «a la huelga general por la vivienda» porque «no se puede tolerar» el rechazo de esta iniciativa por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
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Los decretos incluyen, entre otros, la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan o medidas para restringir los desalojos de inquilinos vulnerables. Igualmente, apuntan a los llamados «fondos buitre», entidades que adquieren inmuebles a bajo precio para maximizar su rentabilidad.
El Gobierno pidió reiteradamente su aprobación, con el propio presidente Pedro Sánchez llamando a actuar con «responsabilidad» a los diputados de la fragmentada cámara, en la que su Ejecutivo no tiene mayoría. «Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores», afirmó en X el jueves por la noche.
Con los votos en contra de la oposición de derecha (PP) y ultraderecha (Vox), el Ejecutivo necesita la abstención de los nacionalistas catalanes de Junts para aprobar al menos uno de los decretos. Pero el partido de Carles Puigdemont anunció a última hora del jueves que votará en contra de ambos, al considerar que no están bien planteados, y podrían tener efectos «negativos e irreversibles». Para dar su apoyo, pidió al Gobierno que los retire y elabore unos nuevos textos.
La vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Abascal, después de que su vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler un 275%.
El caso provocó acampadas de protesta en el centro de Madrid y otras ciudades y convirtió a la octogenaria en un símbolo de la crisis habitacional. Maricarmen Abascal tiene previsto regresar al apartamento donde vivía tras un acuerdo con el propietario.
Según el Banco de España, el país, de unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700.000 viviendas.
Vía // DW
