La Guardia Civil de España dio a conocer que, tras registrar una finca en la provincia de Badajoz, encontró 32 perros muertos de hambre y sed, abandonados durante meses desde junio pasado.
Según informó el instituto armado, algunos de los animales estaban sueltos y otros atados con cadenas o en el interior de «boxes«. Se encontraban «en condiciones deplorables de salubridad, sin agua y comida, que llegaron a causarles la muerte por inanición». En esas circunstancias algunos habían intentado alimentarse de los cadáveres en descomposición de otros de los canes.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) llevó a cabo la inspección en presencia del dueño, un vecino del municipio de Azagua, donde se encontraban las instalaciones.
En principio se imputa al hombre, cazador de alrededor de 40 años, un delito de abandono animal por la omisión de los cuidados elementales con resultado de muerte. Un juzgado se ha hecho cargo de las diligencias y será quien determine finalmente los delitos que se le imputan.
Los animalistas denuncian falta de control
El partido animalista Pacma ha calificado los hechos de «extrema crueldad» y pide que se tomen medidas para que este tipo de casos no vuelva a repetirse.
La formación política denuncia la falta de control sobre las condiciones en las que se encuentran los animales utilizados para la caza, especialmente las rehalas, agrupaciones de perros usados para la caza mayor.
Así, señalan que son prácticas habituales el confinamiento en espacios insalubres, la alimentación inadecuada y el uso de cadenas cortas de forma permanente.
«El sufrimiento que han padecido estos animales es insoportable de imaginar. Las administraciones tienen el deber de prevenir, vigilar y actuar para proteger a todos los perros de rehala al igual que a los demás», afirmó el presidente nacional del partido, Javier Luna.
Pacma convocó una manifestación para condenar este suceso en la Puerta del Sol de Madrid el pasado domingo.
Un cazador con mala fama
En su pueblo de menos de 8 mil habitantes, conocen al presunto maltratador como «El Patilla». Él trabaja en un taller de reparación de coches y practica la caza, una actividad muy extendida en esa zona.
Según reporta El País, sus vecinos son reticentes a hablar del caso, debido a que en ocasiones anteriores se han reportado amenazas y consecuencias violentas por señalar conductas relacionadas con la caza, si bien apuntan que el detenido, ahora puesto en libertad, tiene mala fama.
La exclusión de los perros de caza
Los 32 perros hallados muertos eran podencos, utilizados usualmente para caza mayor. Este tipo de delitos son sancionados en el Código Penal con un máximo de dos años de prisión. En España cuando la condena no excede este periodo de tiempo la pena es normalmente suspendida, bajo la premisa de no volver a delinquir en los siguientes años, lo que significa que en caso de ser condenado no ingresaría en prisión.
La ley de Bienestar Animal aprobada en 2023 fue un gran avance en el país en los derechos de los animales. Sin embargo, todas las organizaciones animalistas y activistas han señalado desde entonces uno de sus grandes agujeros: Excluye explícitamente a los perros de caza.
Así, los dueños de los perros utilizados para labores cinegéticas no tienen que cumplir los mismos requisitos que los dueños de un perro mascota, como la identificación de los animales o darles cobijo o realizar una formación obligatoria. Además, la regla de que ningún perro pueda estar más de 24 horas solo o atado a una cadena, tampoco se les aplica.
Vía Notitarde
