El fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su dimisión al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados.
El Tribunal Supremo del país europeo impuso dicha pena a García Ortiz por filtración de datos de una causa en la que está implicado el empresario español Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que está acusado de un presunto delito fiscal.
Además de la inhabilitación para el cargo de fiscal, el supremo español le impuso al hasta ahora Fiscal General el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales al empresario, y el abono de los gastos del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció Alberto González Amador.
Dos de los siete magistrados
El fallo judicial incluye el voto en contra de dos de los siete magistrados que componen el tribunal que juzgó a García Ortiz.
El Tribunal Supremo de España aún tiene pendiente de hacer público los argumentos de su fallo contra Álvaro García Ortiz.
Durante el juicio, el ahora exfiscal español negó haber filtrado a la prensa un correo del abogado de González Amador en el que reconocía dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un acuerdo con el fiscal que le investigaba.
Los periodistas que declararon en el juicio también negaron que su fuente hubiera sido el Fiscal General.
Tanto desde el Gobierno como desde los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Parlamento, criticaron esta sentencia, mientras que desde el opositor Partido Popular (PP) y el ultraderechista Voz, se mostraron a favor.
Al conocer la sentencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó el domingo que sigue creyendo en la inocencia de García Ortiz, y discrepó de la decisión sentencia del Supremo.
Vía Globovisión
