Los familiares de los privados de libertad recluidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el municipio Maturín, denuncian un hacinamiento extremo que vulnera los derechos humanos fundamentales de los detenidos.
Yanmelis López madre de un joven detenido señaló que hay entre 190 y 192 personas recluidas en apenas dos calabozos, cuyas dimensiones son de aproximadamente 5×7 metros para uno y apenas 3×2 metros para el segundo. Esta sobrepoblación ha generado un entorno donde la supervivencia diaria es el único objetivo de los internos.
«Duermen parados; cuando uno está agachado, el otro está de pie. El sudor del que está arriba le cae al que está abajo y así, sucesivamente, se turnan para poder dormir. Debido a la falta de espacio, los detenidos sufren un agotamiento físico constante. Las condiciones de higiene son prácticamente inexistentes, lo que ha facilitado la propagación de enfermedades contagiosas dentro de las celdas, afectando no solo a los reclusos, sino también al personal que allí labora”, explicó López.
Asimismo, los familiares denuncian una fuerte epidemia de lechina (varicela), además de la persistencia de casos de tuberculosis que no han sido erradicados del centro. Alertan que el riesgo de un brote masivo es inminente si no se toman medidas sanitarias urgentes.
Cloacas colapsadas
A esta crisis de salud se suma el colapso de la infraestructura básica. Las cloacas de uno de los calabozos se desbordaron y, ante la falta de acción por parte de la empresa estatal Aguas de Monagas, los propios familiares tuvieron que recolectar cerca de 200 dólares para contratar un servicio privado de limpieza.
«Nosotros tuvimos que sacar dinero de nuestros propios bolsillos. Primero fueron 160 dólares y después otros 40; eso nos duele a nosotros, a nuestra economía», afirmó Carmen Meza, otra de las familiares afectadas.
Retardo procesal
Por otra parte, la preocupación se extiende al retardo procesal. Aunque estos centros son de detención preventiva por un lapso máximo de 45 días, existen casos documentados de personas que han permanecido en estos calabozos por más de siete años sin que se resuelva su situación jurídica.
“Entre los casos más graves se encuentra el de mi hermano, un adulto mayor de 60 años que padece siete patologías distintas y sufrió un infarto recientemente. Además, presenta una llaga abierta en una de sus piernas donde el material quirúrgico de metal es visible y está expuesto a la contaminación del ambiente”, comentó Nirbida Tovar.
Exigencias
Ante esta realidad, los familiares han iniciado una recolección de firmas para exigir una «revolución judicial» que agilice los procesos de quienes ya tienen condena y se les otorgue el cómputo de pena correspondiente para su traslado o liberación.
Finalmente, hicieron un llamado “desesperado” a las autoridades regionales, a la Defensoría del Pueblo y a los organismos de derechos humanos para que intervengan en el centro preventivo y eviten una tragedia mayor debido a la insalubridad y el confinamiento.
Fotos/Juan Goitía y Anselmo Sánchez (pasante)
