El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la tramitación de la propuesta legislativa del Gobierno para reformar la Constitución Española, con el objetivo de blindar el aborto como un derecho garantizado en el sistema de salud pública. La iniciativa superó un obstáculo clave este jueves tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular (PP) y Vox.
La coalición de izquierdas logró imponerse con una mayoría de 177 votos (de un total de 350 escaños), permitiendo que el procedimiento legislativo continúe su curso hacia una votación final.
El desafío de las mayorías reforzadas
A pesar del avance en el Congreso, la reforma enfrenta un panorama aritmético sumamente complejo. Al tratarse de una modificación constitucional, el ordenamiento jurídico español exige requisitos estrictos:
- Mayoría de tres quintos: Se requiere el voto favorable del 60% de los miembros tanto del Congreso como del Senado.
- El papel de la oposición: Con 137 diputados en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, el Partido Popular tiene la llave para bloquear o permitir que la reforma prospere. Dado su rechazo actual, la aprobación final parece, por ahora, improbable.
Desigualdad regional en la sanidad pública
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, justificó la urgencia de la reforma basándose en la actual disparidad de acceso al servicio. Según datos oficiales presentados por la ministra:
- El 79% de las interrupciones del embarazo se realizan en clínicas privadas.
- Solo el 20% se efectúan en centros públicos.
Redondo subrayó que el Ejecutivo busca asegurar condiciones de «igualdad real y efectiva» en todo el territorio nacional, eliminando las brechas asistenciales entre las distintas comunidades autónomas.
Con información de Noticias Venevisión
