La sede de Gobierno de Bolivia, La Paz, amaneció este martes bajo una intensa tensión política tras los violentos enfrentamientos registrados durante las protestas del lunes 18 de mayo. Diversos sectores populares, movilizados en rechazo a la gestión del presidente Rodrigo Paz, chocaron contra contingentes policiales y militares que desplegaron armamento antimotines para contener la protesta social iniciada hace tres semanas.
La escalada del conflicto recrudeció con la llegada a la capital de miles de manifestantes procedentes de El Alto. Esta masiva columna —conformada por mineros, campesinos de los Ponchos Rojos, gremiales, maestros y juntas vecinales— marchó bajo la consigna unánime de exigir la renuncia del mandatario.
Escalada de violencia y detenciones masivas en la sede de Gobierno
Durante la jornada se vivieron escenas de alta violencia en las calles paceñas. Los manifestantes utilizaron cartuchos de dinamita, petardos, palos y piedras para repeler las arremetidas de los uniformados, quienes intentaban frenar el avance de la marcha hacia el centro institucional.
Como resultado de las confrontaciones, las fuerzas de seguridad ejecutaron detenciones masivas tanto de hombres como de mujeres.
- Cifra de arrestos: Fuentes policiales informaron de manera preliminar que se estima un saldo de 105 personas detenidas.
- Situación legal: Las autoridades trasladaron a los arrestados a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para fines investigativos. El Ejecutivo boliviano ya confirmó que pondrá a todos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes en las próximas horas.
Contramarchas y daños a la infraestructura
El panorama se complicó aún más con la aparición de grupos civiles afines al Gobierno de Rodrigo Paz. Medios locales reportaron una contramarcha oficialista que derivó en la agresión con piedras a la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), ubicada en el emblemático Paseo del Prado paceño.
Asimismo, los reportes de prensa constataron agresiones físicas a ciudadanos particulares que no participaban en las movilizaciones y considerables daños materiales contra bienes e infraestructuras del Estado, reflejando la profunda polarización social que atraviesa el país andino.
Con información de VTV
