El Parlamento de Ghana aprobó por segunda ocasión el denominado ‘Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de 2025’, una rigurosa normativa que contempla severas sanciones penales contra la homosexualidad y la promoción de actividades vinculadas al colectivo LGBTIQ+.
La propuesta legislativa, aprobada mediante votación a «viva voz» tras recibir el respaldo unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, pasa ahora a las manos del presidente ghanés, John Dramani Mahama, quien enfrenta presiones de líderes religiosos y de su propio partido, el Congreso Nacional Democrático, para sancionar la ley de forma definitiva.
Sanciones penales y reformas de extradición
El documento jurídico ratifica las penas actuales de hasta tres años de prisión por actos sexuales entre personas del mismo sexo. No obstante, endurece los castigos para el entorno del activismo:
Financiamiento y promoción: Prohíbe explícitamente el patrocinio, financiamiento o difusión de actos LGBTIQ+, fijando penas de prisión que oscilan entre los tres y cinco años.
Obligación de denuncia: Se introduce el deber civil de reportar ante la policía o autoridades locales cualquier acto homosexual del que se tenga conocimiento.
Extradición: Se modificó la Ley de Extradición de Ghana de 1960 para calificar estos delitos como causales de extradición internacional.
Enmiendas y salvaguardas para sectores profesionales
A diferencia del texto original, la nueva versión aprobada por los legisladores introduce salvaguardas para proteger del ámbito penal a determinados gremios en el ejercicio de sus funciones. Bajo estas enmiendas, quedan exentos de sanciones:
Periodistas y medios de comunicación: No serán penalizados por informar sobre asuntos del colectivo como parte de sus deberes informativos.
Abogados: Quedan fuera de sanciones al brindar asesoría o representación legal a ciudadanos LGBTIQ+.
Personal médico: No enfrentarán procesos judiciales los profesionales de la salud que ofrezcan servicios quirúrgicos, psicológicos o de asesoramiento a la comunidad.
Estas modificaciones provocaron el rechazo de la oposición parlamentaria, la cual argumentó que los cambios sugerían de forma implícita que el proyecto original era «defectuoso».
Antecedentes del bloqueo legislativo
Una primera versión de esta ley fue aprobada inicialmente el 28 de febrero de 2024 bajo la administración del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Sin embargo, el exmandatario impidió la entrega física del documento alegando demandas de inconstitucionalidad, lo que congeló el proceso legal.
Debido a ese bloqueo administrativo, la propuesta caducó por completo al expirar la legislatura pasada, obligando al nuevo Parlamento electo a reactivar la polémica medida con las modificaciones profesionales añadidas.
Vía Caraota Digital
