En defensa del Estado de derecho y los derechos socioeconómicos consagrados en la Constitución y los convenios de la OIT y la ONU, Marcos Reina, secretario general del sindicato Soep Temblador y miembro principal de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), exigió el respeto irrestricto a las contrataciones colectivas.
Reina advirtió que la situación actual de los trabajadores petroleros es crítica y sienta un precedente peligroso. Señaló directamente a empresas mixtas y trasnacionales operando como Compañías de Servicios Petroleros (CPPH) entre ellas Pacific Corp, Hocol Service, Nabet y ENI, de aplicar paquetes salariales sin seguridad social, beneficios ni prestaciones, desconociendo la libertad sindical.
Un llamado a la unidad
Por su parte, Williams Golindano, dirigente gremial, enfatizó que la clase obrera no se opone a la inversión extranjera ni al crecimiento de la producción petrolera. Recordó que los trabajadores han demostrado su disposición para elevar los niveles productivos del país, con metas proyectadas para alcanzar los 2,5 millones de barriles diarios, siempre y cuando se garanticen los derechos laborales.
«No estamos diciendo que somos contrarios a la inversión o a que nuestra producción crezca; lo que exigimos es que las transnacionales inviertan bajo las mismas garantías sociales y de beneficios para nuestros trabajadores», afirmó.
Asimismo, anunció el inicio de una cruzada nacional de calle que comenzará en los estados petroleros de Zulia, Falcón y Monagas, entre otros. El objetivo es visibilizar las violaciones contractuales y exigir tanto a la Asamblea Nacional como a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en su carácter de responsable solidario, que hagan cumplir la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva Petrolera.
El dirigente gremial señaló que, a nivel nacional, existen aproximadamente 40.000 trabajadores afectados entre personal propio y contratistas, de los cuales unos 10.000 se concentran en el estado Monagas. Finalmente, el bloque sindical reiteró su respaldo a las políticas de inversión del Ejecutivo Nacional y al mandato presidencial, exigiendo a su vez que las empresas extranjeras se apeguen estrictamente al ordenamiento jurídico venezolano para proteger la vida y la estabilidad de la clase obrera.
Fotos | Juan Carlos Goitía
