Los comités de padres y representantes de diversas instituciones educativas de la parroquia Boquerón de Maturín expresaron su firme rechazo a las propuestas institucionales que condicionan el acondicionamiento de las aulas al pago de una cuota aproximada de 50 dólares por alumno.
La medida pretende financiar la compra de pintura clase A, impermeabilizantes, productos de desinfección y el cambio de la madera deteriorada de los pupitres. La comunidad destaca que el deterioro de las instalaciones se agravó tras el uso de un componente químico durante jornadas de fumigación pasadas.
135 días sin respuestas oficiales
Los representantes señalaron que esta situación comenzó a principios de junio y, tras 135 días, siguen sin recibir una respuesta oficial o efectiva por parte de las direcciones escolares ni de las zonas educativas competentes.
Esta exigencia económica surge en medio de un notable retraso en el inicio del año escolar presencial. Para las familias, este cobro resulta inasumible frente al alto costo de la canasta básica.
Enrique Rodríguez, representante del plantel Simón Rodríguez, rechazó que se traslade el costo del saneamiento a los hogares.
«Esa no es la solución. La desinfección de este químico no se resuelve solo con pintura, sino con procedimientos técnicos adecuados. No queremos que nos trasladen la responsabilidad. El Estado tiene la obligación constitucional de hacerse cargo y garantizar que las escuelas de nuestros hijos sean un entorno seguro», enfatizó.
El impacto de la educación a distancia
Por su parte, Eliana Azócar, representante del Liceo Simón Bolívar, destacó el impacto de esta exigencia económica en medio de un esquema de educación a distancia que consideran improvisado:
«Además de pedirnos asumir reparaciones de infraestructura que le corresponden al Estado, nos trasladan el rol pedagógico en casa sin darnos las herramientas necesarias. Exigimos que las autoridades adecuen las instalaciones para que los docentes puedan impartir clases presenciales con normalidad», afirmó.
Exigencias al Ministerio de Educación y entes gubernamentales
Frente a esta crisis, la comunidad de padres exigió la intervención urgente del Ministerio del Poder Popular para la Educación y de organismos de infraestructura como FEDE y las Bricomiles. Solicitaron una inspección exhaustiva de los daños para que el Estado asuma directamente los costos de recuperación de los 18 planteles afectados en la parroquia Boquerón.
Finalmente, reiteraron que no pagarán cuotas en divisas ni aceptarán la prolongación indefinida de las clases a distancia. Instaron a los entes gubernamentales a garantizar de forma inmediata los derechos constitucionales a la salud y a una educación presencial, digna y segura.
Fotos | Juan Carlos Goitía
