Los gobiernos de Argentina y el Reino Unido iniciaron un nuevo episodio de la larga disputa por el control del territorio de las Islas Malvinas cuando la noche del jueves el presidente de extrema derecha del país suramericano, Javier Milei, en cadena nacional anunció una serie de acciones para impedir el desarrollo de un proyecto petrolero en la zona por empresas británicas.
En su alocución, el mandatario recalcó que «las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto», tras lo cual rechazó el proyecto Sea Lyon, con el cual se pretenden construir más de 60 pozos submarinos en los alrededores del archipiélago que reclaman.
Agregó que ese es uno de varios proyectos «que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina», por lo cual, además de diversas acciones diplomáticas a través de la Cancillería, anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un proyecto de ley «para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas».
Además, en dicho proyecto también se contempla la creación del Consejo Nacional de Seguridad, que articulará la Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
Por su parte, el ministro de Defensa inglés, Wes Streeting, replicó apuntando que «la declaración de Milei la pasada noche dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las Islas Falkland», las cuales, enfatizó, «son británicas porque sus residentes eligieron ser británicos». «Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable», remató.
Milei usa narrativa de las Malvinas para sumar presupuesto a servicios de inteligencia argentinos
La reciente ofensiva discursiva sobre la soberanía de las Islas Malvinas por parte del presidente Javier Milei no solo sirvió para fijar agenda pública tras la cadena nacional «Las Malvinas son argentinas», sino que volvió a traducir la prioridad oficial por fortalecer la estructura de inteligencia del Estado.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, el Gobierno nacional dispuso una readecuación presupuestaria que inyectará más de 30.000 millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
La cifra se suma a una partida previa de casi 50.000 millones adjudicada durante el período del Mundial, acumulando un incremento que supera los $80.000 millones en poco más de un mes.
En los papeles, la norma oficial justifica las reasignaciones «con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de inteligencia y contemplar las erogaciones que hacen al cumplimiento de su cometido».
Sin embargo, desde la sede central de la calle 25 de Mayo buscaron emparentar de inmediato el nuevo protagonismo con la agenda del Atlántico Sur.
Fuente: Últimas Noticias
