El alcalde de Portovelo, localidad minera del sur de Ecuador, Jorge Maldonado, fue asesinado este viernes 19 de abril, informó la Policía. Se trata del segundo homicidio en tres días de una máxima autoridad municipal en vísperas del referendo de este domingo sobre reformas a la Constitución para enfrentar al crimen organizado.
La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) confirmó en un comunicado la muerte del político. De acuerdo a medios locales, el atentado se produjo en torno a las 9:20 hora local (16:20 CET) de este viernes, cuando presuntos sicarios dispararon contra Maldonado, quien fue trasladado inmediatamente a un centro médico, donde se confirmó su deceso.
El asesinato de Maldonado se produjo menos de 48 horas después del ataque perpetrado contra José Sánchez, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, situado en la sureña provincia andina de Azuay. Ambos municipios -Portovelo y Camilo Ponce- tienen en común que en sus territorios hay presencia de actividades de minería ilegal, además de estar en zonas de tránsito hacia la costa ecuatoriana, que constituyen el principal eje del narcotráfico llevado a cabo por las bandas criminales que operan en Ecuador.
Menos de un mes atrás también apareció asesinada dentro de un vehículo junto a su coordinador de Comunicación la alcaldesa más joven de Ecuador, Brigitte García, que con 26 años estaba al frente del cantón San Vicente, en la costera provincia de Manabí.
Los asesinatos de Sánchez y Maldonado se han producido además en una semana crucial para el Gobierno de Daniel Noboa, que para este domingo convocó un referéndum para sacar adelante una serie de reformas en materia de seguridad, justicia y empleo. Los asuntos de seguridad acaparan la mayoría de las once preguntas que componen en este plebiscito, con el objetivo de dar más herramientas a las autoridades para combatir al crimen organizado.
Entre esas cuestiones destaca la propuesta de que las Fuerzas Armadas apoyen de manera permanente a la Policía en operaciones contra la criminalidad organizada, sin necesidad de expedir de manera constante estados de excepción para que puedan cumplir con ese propósito. Asimismo, plantea elevar las penas para delitos relacionados con el crimen organizado y eliminarles los posibles beneficios penitenciarios. Con estas medidas el Gobierno de Noboa quiere poner freno a la creciente ola de violencia criminal que ha azotado al país durante los últimos años.
