El Gobierno de Bolivia solicitó este miércoles a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, que «concluya sus funciones» y abandone el territorio nacional. La medida responde a las recientes declaraciones del mandatario colombiano, Gustavo Petro, sobre la ola de protestas que actualmente sacude al país andino y que exigen la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
A través de un comunicado de prensa, la Cancillería de Bolivia argumentó que el emplazamiento busca «preservar los principios de soberanía y no injerencia en asuntos internos». No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró de manera explícita que esta determinación no constituye una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
La tensión bilateral escaló luego de que el presidente colombiano publicara el pasado domingo en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que «Bolivia vive una insurrección popular» que funciona como «respuesta a la soberbia geopolítica».
En la misma publicación, Petro manifestó la disposición de su administración para mediar y buscar fórmulas pacíficas que pongan fin a la crisis política boliviana, siempre y cuando hubiese una invitación previa. Horas más tarde, la diplomacia de Bolivia tildó de «improcedente» cualquier tipo de intervención en su política interna.
Giro geopolítico
El presidente Rodrigo Paz asumió el poder hace apenas seis meses, rompiendo con casi dos décadas de gestiones continuas del Movimiento al Socialismo (MAS), bajo los mandatos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).
Desde su llegada a la presidencia, Paz ha ejecutado un drástico giro en la política exterior boliviana a través de dos acciones clave:
- Acercamiento con Washington: Reestableció lazos estrechos con Estados Unidos, país cuyo embajador había sido expulsado de suelo boliviano en 2008.
- Cooperación internacional: Tras 18 años de ausencia, la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés) volvió a intercambiar información de inteligencia con Bolivia.
Protestas masivas y el panorama judicial de Evo Morales
La drástica medida diplomática coincide con un escenario interno crítico. Desde hace tres semanas, el gobierno de Rodrigo Paz enfrenta violentos bloqueos de carreteras y manifestaciones encabezadas por distintos sectores sociales y simpatizantes de Evo Morales, quienes demandan la dimisión del jefe de Estado.
Por su parte, Morales —aliado político de Gustavo Petro— permanece atrincherado en su feudo cocalero en el centro de Bolivia. El exmandatario evade actualmente una orden de aprehensión por el presunto abuso de una menor de edad. Tras negarse a comparecer la semana pasada al inicio del juicio en su contra, la justicia boliviana lo declaró en rebeldía y emitió una segunda orden de captura.
Como consecuencia de los prolongados bloqueos viales, las principales ciudades y mercados de La Paz sufren un severo desabastecimiento de alimentos, mientras que los centros hospitalarios han alertado que les quedan pocas horas de reserva de oxígeno medicinal para los pacientes críticos.
Con información de Primicia
