El Gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei, inició formalmente este lunes 1 de septiembre el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada de gestionar casi 6.000 kilómetros de autovías y autopistas en 13 provincias del país.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, se suma al desguace de Estado que el Gobierno justifica como una política de equilibrio del déficit fiscal. La medida se enmarca en la Ley Bases, que habilita la privatización de esta y otras siete empresas públicas.
Casi siete meses después de que el decreto de privatización fuera aprobado, el Gobierno fijó un plazo de doce meses para transferir la gestión de las rutas a operadores privados. Tras esta concesión, la empresa estatal será disuelta y liquidada.
Empresas Públicas
El procedimiento estará a cargo del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que evaluarán la infraestructura y prepararán la licitación para los nuevos contratos.
Según el Gobierno, esta decisión busca abrir la participación de operadores privados, tanto nacionales como internacionales, en la gestión de la red vial nacional a través de un sistema de peaje.
Según datos oficiales, Corredores Viales contaba con 3.307 trabajadores y había registrado un superávit de $5,200 millones de dólares en el primer semestre de 2025, lo que le permitió operar sin recibir fondos del Tesoro Nacional.
La privatización de Corredores Viales sigue a otros movimientos similares del Gobierno de Milei, incluyendo la privatización de la siderúrgica Impsa, así como el inicio de los procesos para Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo.
El mandatario argentino, desde su asunción al poder en diciembre de 2023, ha desmantelado el sector público a través de liquidaciones, cierres, ventas, fusiones y reestructuraciones de empresas estatales.
Vía Globovisión
