La Audiencia de Málaga ha condenado a 52 años de prisión a un sacerdote acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres con las que mantenía una relación de amistad. El tribunal determinó que el procesado sedaba a las víctimas para dejarlas inconscientes con el fin de realizar los abusos, los cuales además grababa sin su consentimiento.
La sentencia de la Sala considera probado —en sintonía con los argumentos de la Fiscalía y las acusaciones particulares— que el acusado entabló los vínculos de amistad con las afectadas en el ámbito del desarrollo de actividades religiosas vinculadas a distintas instituciones.
Abuso de confianza y uso de sustancias para anular la voluntad
Según señala el tribunal, el procesado «aprovechaba estas situaciones de amistad» para suministrarles una sustancia desconocida que les generaba una profunda somnolencia y pérdida de conciencia. El texto judicial detalla que el hombre utilizaba este estado de indefensión para «satisfacer sus deseos sexuales, sin que constara en ningún momento el consentimiento de la víctima».
Por estos hechos, la Audiencia de Málaga le ha impuesto las siguientes penas:
- Por tres delitos continuados de abuso sexual con penetración: Un total de 36 años de prisión (12 años por cada delito), aplicando la circunstancia agravante de abuso de confianza. También se le impone la prohibición de acercarse a estas tres víctimas durante 13 años en cada caso.
- Por un cuarto delito continuado de abuso sexual: Cuatro años de cárcel y prohibición de acercamiento por cinco años, manteniendo la agravante de abuso de confianza en relación con la cuarta víctima.
- Por cuatro delitos continuados de descubrimiento y revelación de secretos: 12 años de cárcel en total (tres años por cada delito) debido a las grabaciones realizadas de forma clandestina.
Adicionalmente, se fijó una medida de libertad vigilada por un periodo de siete años, la cual se ejecutará una vez que el condenado cumpla la pena privativa de libertad.
Indemnizaciones millonarias y responsabilidad del Obispado
El fallo judicial también estipula que el acusado deberá indemnizar a las cuatro víctimas con montos individuales de 94.442 euros, 101.191 euros, 106.594 euros y 100.902 euros, respectivamente. La suma de estos conceptos fija el pago global por responsabilidad civil en 403.129 euros.
De estas cantidades económicas deberá responder, de forma subsidiaria, el Obispado de Málaga. Cabe destacar que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial aún no es firme y puede ser recurrida ante instancias superiores.
Con información de El Mundo
