El pleno del Congreso de España rechazó este viernes los dos decretos propuestos por el Gobierno con medidas para afrontar la crisis de vivienda en el país, con los votos en contra de los conservadores del PP, la ultraderecha de Vox y los catalanes de Junts. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, había defendido las medidas ante los parlamentarios, e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó la palabra.
Con el rechazo en el Congreso a los dos decretos, las medidas de urgencia acordadas por el gobierno de coalición decayeron en un contexto de creciente descontento social, con manifestantes protestando a las puertas del edificio, y entre rumores de adelanto electoral.
El desahucio la semana pasada en Madrid de Maricarmen, una anciana de 87 años de edad, fue el detonante de ese malestar y de numerosas protestas en forma de acampadas en plazas de toda España, entre ellas la de Sol en Madrid.
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Parte de los acampados se acercaron esta mañana a las puertas del Congreso para seguir la votación de los decretos y los centenares de manifestantes que se agolparon junto a la Cámara Baja expresaron su decepción y rabia por el rechazo de las medidas al grito de «vergüenza, vergüenza” y «huelga general”.
Estos decretos contenían la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los «fondos buitre» y beneficios fiscales para caseros e inquilinos.
Las dos votaciones se celebraron por llamamiento de los diputados uno por uno, tras un encendido debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el bloque de partidos a la izquierda de los socialistas de Pedro Sánchez acusaron al de derechas de estar del lado de los «buitres» y no de la «gente».
Aunque no estaba previsto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intervino minutos antes de la votación para rogar a los grupos que fueran «valientes» y «coherentes» y apoyaran unas medidas «ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones».
El decreto que derogó el Congreso incluía medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10% de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.
Vía // El Nacional
