Una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensoras de los derechos humanos denunció el allanamiento ilegal, extorsión y la detención arbitraria de al menos 33 hombres en un local de sauna ubicado en el este de Barquisimeto, estado Lara. El caso ha encendido las alarmas sobre una presunta política de criminalización contra la comunidad LGBTIQ+ en el país.
La denuncia formal fue presentada de manera conjunta a través de las redes sociales por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, el Movimiento Somos, Provea, Uquira y PP Foundation.
De acuerdo con el comunicado de las organizaciones, el operativo fue ejecutado por presuntos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que vestían de civiles.
Acusaciones sin fundamento legal
Las ONG señalaron que, según el testimonio de los afectados, los uniformados acusaron a los presentes de ejercer el supuesto delito de «la homosexualidad», una figura punible que no existe en ninguna ley del ordenamiento jurídico venezolano.
La sociedad civil alertó que este patrón representa la continuidad de un hostigamiento sistemático contra los espacios de la diversidad sexual en Venezuela, sumándose al allanamiento previo de otros seis locales de entretenimiento en el territorio nacional durante los últimos meses.
Justificación oficial vs. Irregularidades del caso
El procedimiento policial se registró en un establecimiento comercial de la calle 14, entre carreras 18 y 19, en la capital larense. Las autoridades justificaron el despliegue alegando que respondían a supuestas denuncias vecinales sobre presuntas actividades de prostitución y tráfico de sustancias ilícitas.
Sin embargo, las organizaciones defensoras denunciaron graves violaciones al debido proceso:
- Violación de lapsos: Los ciudadanos fueron presentados ante los tribunales correspondientes mucho después de vencerse el lapso constitucional de 48 horas.
- Exposición pública: Las identidades, nombres, apellidos y fotografías de las víctimas fueron expuestos públicamente, vulnerando su derecho al honor y a la presunción de inocencia.
- Traslado irregular: Los detenidos fueron trasladados fuera de su jurisdicción natural hacia centros policiales distantes, dificultando su defensa inmediata.
Tanto activistas como allegados a los detenidos exigen el cese de la persecución y la inmediata liberación de los ciudadanos, instando al Ministerio Público a investigar el presunto abuso de poder y extorsión por parte de los funcionarios actuantes.
Con información de Notitarde
