La Policía Nacional ha detenido en la provincia de Granada a un empresario de 36 años como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores. La detención se produjo tras una exhaustiva investigación relacionada con la contratación y supuesta explotación de una pareja de ciudadanos venezolanos que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.
El caso, coordinado por unidades especializadas en la lucha contra la inmigración irregular y la trata de personas, se inició luego de que las propias víctimas presentaran una denuncia detallando las condiciones laborales abusivas a las que eran sometidas.
Falsas promesas en el sector hostelero
De acuerdo con el relato de los denunciantes, la familia llegó a España con el objetivo de buscar estabilidad económica y acceder a servicios médicos especializados para una de sus hijas, quien padece una delicada condición de salud.
En medio de una compleja situación financiera, el ahora detenido les ofreció empleo en varios establecimientos hosteleros de la provincia granadina. El acuerdo inicial prometía:
- Un salario mensual fijo.
- Alojamiento y alimentación para la familia.
- Un contrato laboral a futuro para facilitar su regularización administrativa en el país.
Jornadas de 15 horas y despidos por enfermedad
Sin embargo, la investigación policial determinó que las condiciones reales diferían drásticamente de lo pactado. Los agentes constataron que la pareja realizaba jornadas laborales superiores a las 15 horas diarias, sin los descansos exigidos por la ley y percibiendo un sueldo muy inferior al salario mínimo.
Además, la denuncia detalla que el empresario descontaba gastos arbitrarios de sus nóminas. El punto crítico ocurrió cuando la mujer sufrió una reducción drástica de sus ingresos tras ausentarse debido a problemas de salud causados por el severo agotamiento físico.
La investigación continúa abierta
Durante las pesquisas, la Policía Nacional recopiló testimonios y documentación que corroboran los hechos. Además, los agentes descubrieron que otros ciudadanos extranjeros trabajaban en el lugar bajo las mismas circunstancias irregulares.
El empresario fue puesto a disposición de la autoridad competente y, aunque quedó en libertad tras prestar declaración, permanece bajo investigación y deberá comparecer ante la justicia cuando sea requerido.
Las autoridades mantienen el caso abierto para determinar el alcance total de las irregularidades y esclarecer si existen más víctimas afectadas por este esquema de explotación en la hostelería granadina.
Con información de Versión Final
