El Gobierno de Ecuador desplegó este lunes un contingente de 4.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Quito. La medida busca reforzar la seguridad en la capital ecuatoriana tras el hallazgo de un cadáver decapitado y el incremento en las denuncias por desapariciones registradas durante las últimas semanas.
Aunque Quito no alcanza los índices de violencia de ciudades costeras como Guayaquil —epicentro del conflicto entre bandas del narcotráfico—, la capital se encuentra bajo estado de excepción desde mediados de junio debido al avance de la criminalidad. En ese contexto, se han registrado ataques armados, homicidios en sectores populares y la desactivación de explosivos en sedes públicas y judiciales.
«La situación en la capital no es crítica, pero no voy a dejar que se haga crítica. Yo no voy a esperar a que crezca el problema», afirmó el ministro del Interior, John Reimberg, en entrevista con Radio Quito. El funcionario enfatizó que el despliegue se mantendrá «el tiempo que sea necesario», priorizando puntos de alta afluencia como estaciones del metro, centros educativos, universidades y zonas comerciales.
La escalada de violencia en la ciudad de casi tres millones de habitantes generó la reacción del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien advirtió sobre los riesgos de perder la capital frente a la delincuencia organizada y el narcotráfico. La nación sudamericana atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes impulsada por redes dedicadas a la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de drogas, ubicándose entre los países con mayores tasas de homicidios en la región.
Con información de Globovisión
