Más de 60 trabajadores de la transnacional Halliburton, ubicada en la Zona Industrial de Maturín, exigen su reenganche tras los despidos injustificados ocurridos el 29 de diciembre de 2020. Con esta solicitud, los afectados piden al Estado venezolano y a las autoridades competentes garantizar la restitución de sus puestos de trabajo frente a las medidas ejecutadas por la contratista petrolera.
Al respecto, el abogado litigante y consultor jurídico del grupo, John Bracamonte, denunció que la compañía pretende eludir sus responsabilidades legales apelando a normativas extranjeras para evitar la reincorporación del personal a las instalaciones operativas.
«La empresa pretende hacer valer una norma estadounidense en nuestro ordenamiento jurídico, lo cual rechazamos categóricamente. Exigimos a las autoridades competentes, especialmente al Ministerio del Trabajo y a la Inspectoría del Trabajo, que atiendan de inmediato los reclamos de más de 70 trabajadores que exigen la restitución de sus puestos laborales», señaló Bracamonte.
El representante legal cuestionó también la actuación de la transnacional durante las inspecciones en las sedes de la empresa, y aseguró que la base operativa principal reúne las condiciones para reanudar sus actividades laborales e industriales.
«Pretenden demostrar mediante una inspección judicial la supuesta falta de puestos disponibles para el reenganche de los trabajadores. Por tal motivo, exigimos que el Estado venezolano intervenga de manera inmediata para garantizar el respeto a los derechos laborales que han sido vulnerados de forma continua desde el año 2020 hasta la presente fecha», denunció.
Bracamonte enfatizó la necesidad de que los acuerdos y contratos en el sector energético nacional no se traduzcan en el menoscabo de la legislación laboral ni en el desamparo de la mano de obra venezolana.
«Exigimos el pleno respeto a los derechos de los trabajadores. Como Estado soberano, rechazamos que una empresa transnacional pretenda imponer sus propias normas por encima de nuestra legislación. Consideramos que esta asimetría es inaceptable, por lo que el Estado debe intervenir de manera firme para garantizar la protección de la fuerza laboral», destacó.
¿Reactivación de Halliburton?
Inicialmente, la Sentencia N° 327 de la Sala de Casación Social del TSJ ordenaba la ejecución en Cabimas, estado Zulia. No obstante, el tribunal corrigió un error material para incluir explícitamente a los tribunales laborales de Monagas, con sede en Maturín, instruyendo la entrega de los bienes muebles e inmuebles allí embargados.
Esta restitución de activos busca reactivar la producción y continuidad comercial de la empresa, al ser catalogados como «estratégicos» para el sector hidrocarburos nacional.
De este modo, el fallo concilia los derechos de los demandantes con el interés económico del país: al reactivar las operaciones bajo supervisión judicial y mediante veedores, se prevé generar los recursos necesarios para saldar los pasivos laborales pendientes.
Fotos/Juan Goitía
