Familiares de presos que estaban recluidos en la policía del municipio Maturín, piden el retorno de cuatro detenidos que fueron trasladados a la cárcel del estado Miranda, específicamente al Centro Penitenciario Yare.
La medida, ejecutada de manera sorpresiva durante la madrugada de este viernes 15 de mayo, ha generado desesperación entre los parientes, quienes califican el procedimiento como arbitrario e injusto.
Los afectados denunciaron que el traslado se realizó aproximadamente a las 4:00 de la madrugada sin previo aviso ni fundamentación jurídica por parte del tribunal correspondiente. Según explicaron, aún no han publicado una sentencia firme ni han emitido una decisión oficial sobre el sitio definitivo de reclusión para estos funcionarios.
«La denuncia que estamos realizando es por el traslado injusto y arbitrario. La jueza aún no ha hecho una sentencia firme donde se explique el sitio de reclusión. Este traslado se hizo a las 4:00 de la madrugada sin conocimiento alguno de los familiares», expresó Milagros Ferrer, tía de uno de los oficiales.
Erasmo Ferrer, padre de otro de los detenidos, señaló que legalmente debería existir un proceso de apelación antes de cualquier traslado definitivo. Asimismo, cuestionó por qué se optó por un penal fuera del estado, cuando en Monagas existen centros como el de La Pica.
«Aquí en Monagas tenemos varios centros penitenciarios que pudieron haber servido. Vemos con cizaña y premeditación que los hayan llevado al Yare, un lugar donde recientemente hubo personas muertas. Estamos haciendo un llamado a la conciencia de las autoridades», manifestó Erasmo Ferrer.
Sin recursos para ir hasta Miranda
La preocupación principal de las familias radica en la falta de recursos económicos para costear los viajes hasta el estado Miranda, lo que impide garantizar la alimentación y el aseo personal de los privados de libertad.
«Me siento frustrada porque esto nos cayó como un balde de agua fría. Nosotros esperábamos un traslado cercano, como al Mandela o Caicara, algo que fuera de ir y venir. Por la situación del país, no tenemos para estar pagando pasajes de ida y vuelta», sentenció María Marcano, esposa de uno de los oficiales.
Los familiares reiteraron su solicitud a los directivos de la institución policial y a los organismos judiciales, para que se reconsidere la medida de los detenidos, quienes según sus parientes, actuaron en cumplimiento de su deber durante un procedimiento en el año 2015.
Fotos | Juan Goitía
