Este lunes, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunció que «Rocío San Miguel fungía como espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional» en el caso de Brazalete Blanco.
Saab señaló que la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel era responsable de «coordinar y trasladar a todo el equipo comunicacional» que participaba en la operación.
Mencionó, mientras leía un documento en su apartado «Tareas de oficiales aliados a la Operación», «se enumeran las obligaciones de 7 funcionarios militares, y como 8va persona con tareas asignadas aparece Rocío San Miguel, de quien se dice que será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”, afirmó.
“Crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo. Coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas (…) involucrados en la operación. Además, promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos, en contra de los integrantes de la operación”, agregó.
Asimismo, señaló que, tras la realización de un allanamiento con orden judicial a su residencia, en presencia de fiscales y familiares que verificaron la legalidad del procedimiento, se consiguieron evidencias que la vinculan «con otro tipo de actividades«. Fueron encontrados «18 mapas cartográficos en los que se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país».
Mientras enseñaba uno de los mapas encontrados, sugirió que las coordenadas señaladas, «debían tener colaboración militar«. «Aparecen Puerto Cabello y Borburata; es un ejemplo de cómo se realizó la demarcación de las zonas de seguridad en los 18 mapas encontrados», agregó.
«Aquí vemos demarcadas, a la izquierda la zona de seguridad del Comando de la Aviación Naval, y a la derecha, la zona de seguridad de la Base Naval Contralmirante Agustín Armario. Además, que tiene resaltadas en verde zonas de interés», añadió.
El fiscal explicó que «para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Una tarea compleja, que se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se adentran en el mar», a la vez que recordó que «hay otros 17 mapas que, de igual manera, cubren zonas militares en Venezuela».
«En total, hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas, incluyendo la zona de seguridad del Palacio de Miraflores. Los mismos familiares de San Miguel reconocieron que eran de ella».
Aseguró que esta información ha sido recabada y señalizada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía o cartografía. «Nadie puede hacer algo así de la nada, aunque los mapas cartográficos y las gacetas que crean las zonas de seguridad son de acceso público, su acopio sistemático, y su demarcación constituyen un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo«.
Asimismo, agregó que fue encontrada «evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares del país; y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar».
Saab cuestionó «por qué una supuesta activista defensora de los derechos humanos debe tener este tipo de información. Esto corresponde más al perfil de una agente«.
Enfatizó que «se consiguió un cobro en dólares realizado por una trasnacional petrolera«, así como información sobre la «entrega de información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país».
«Se trata de información que no es de acceso público, y que ha sido compartida con una potencia extranjera. Se han conseguido intercambios similares con embajadas de otros 3 países. El manejo de esta información es sumamente delicado, porque eso se reserva. Quienes tienen esas cualidades son agregados militares, eso no tiene nada que ver con defensores de derechos humanos. Dar información sensible es un elemento de convicción contundente», señaló.
Resaltó que Rocío San Miguel «tenía un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención, el cual fue ejecutado a la hora de su aprehensión por su entorno más cercano (que tienen medidas cautelares y están en libertad), que trasladó estos equipos por varias locaciones tratando de eludir la acción de la justicia».
«Sus equipos fueron llevados de Maiquetía en La Guaira a El Marqués en Caracas; y de la capital fueron trasladados luego hasta Higuerote, donde fueron escondidos en un maletero. Fueron a parar después en Guárico».
Además, «tenía numerosas medidas de seguridad para sus comunicaciones. Por ello, todavía hay varios dispositivos a los que estamos en proceso de tener acceso», informó.
Asimismo, manifestó que este fin de semana «sus familiares pudieron visitarla. Y hasta hoy siguen diciendo que es un caso de desaparición forzada. Es indignante y una burla. Es una ofensa a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida».
Cortesía Globovisi
