El gobierno insiste en que existe una estrategia, liderada por Estados Unidos, que busca «instrumentalizar los mecanismos de la justicia penal internacional con fines políticos» para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro
El gobierno del presidente Nicolás Maduro manifestó, este martes 27 de junio, su desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de autorizar la reanudación de la investigación al país por presuntos crímenes de lesa humanidad, una medida que el Ejecutivo recurrirá ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal.
Venezuela «manifiesta su desacuerdo con la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares» y «recurrirá esta decisión ante la Sala de Apelaciones, al tiempo que continuará haciendo uso de las acciones previstas en el Estatuto de Roma», dice un comunicado del gobierno.
En el escrito, difundido por la Cancillería venezolana, el Ejecutivo «lamenta que esta decisión se preste para alentar y contribuir con esta maniobra, que claramente desnaturaliza la razón de ser de la CPI y mina su credibilidad como organismo de justicia internacional, a pesar de toda la información que ha sido puesta a su disposición».
Comunicado
La CPI dio luz verde a la reanudación de la investigación al considerar que los «procesos penales internos» de Caracas «no reflejan suficientemente el alcance» del caso, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual, y hay «periodos de inactividad inexplicables».
No obstante, los jueces recordaron que esta conclusión «no impide» que Caracas pueda proporcionar en el futuro material que determine la «inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad», es decir, que demuestre que la justicia venezolana está ya investigando todos los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es necesaria.
Con información de El Pitazo.
