Expertos de la ONU expresaron este viernes su satisfacción por la puesta en libertad de 16 presos políticos en Rusia en un canje con prisioneros en EEUU y países europeos, pero instaron a Moscú a liberar a otras 1.372 personas que siguen en prisiones del país por manifestar sus opiniones políticas y oponerse a la guerra en Ucrania.
Los expertos, entre ellos la relatora de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa, Mariana Katzarova, destacaron que la mayoría de los liberados fueron detenidos «arbitrariamente» y condenados en juicios que calificaron de «farsas».
Entre los liberados por Rusia se encuentran figuras conocidas como los periodistas Evan Gershkovich (reportero estadounidense de The Wall Street Journal) y Alsu Kurmasheva o los activistas Ilya Yashin y Andrey Pivovarov, detenidos por ser miembros activos de la oposición política rusa y alzar la voz contra la guerra de Ucrania.
A cambio de estos prisioneros otros ocho de origen ruso fueron liberados y entregados a Rusia por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Eslovenia, Noruega, Polonia y Alemania, entre ellos el periodista Pablo González, de nacionalidad española y rusa.
A pesar de encomiar este canje de presos, los expertos aseguraron seguir «profundamente preocupados» por los otros prisioneros políticos que siguen detenidos en Rusia por «cargos inventados o motivados políticamente».
«Su encarcelamiento continuado los expone a nuevas violaciones de derechos humanos como tortura y malos tratos y desaparición forzada, y refuerza la necesidad urgente de que Rusia respete los derechos humanos y cumpla sus obligaciones internacionales», advirtieron.
También instaron al Gobierno ruso a derogar normas que restringen la libertad de expresión en el país como las leyes contra la «difusión de noticias falsas sobre las acciones de las fuerzas armadas rusas», el «descrédito de las acciones de las fuerzas armadas rusas» y el «extremismo».
«Es crucial modificar las leyes penales e impedir su uso indebido para silenciar a la disidencia y perseguir a figuras de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas que informan de forma veraz sobre la guerra contra Ucrania y son críticos con el gobierno ruso», concluyeron.
Vía 800N.
