En un giro inédito que profundiza la crisis política en Paraguay, la Cámara de Diputados aprobada por unanimidad de 78 votos el inicio de un juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, por mal desempeño en sus funciones.
La contundente resolución de la Cámara Baja se produjo pocas horas después de que el propio jefe de Estado anunciara su dimisión al cargo, abriendo una compleja disputa institucional sobre qué mecanismo legal debe prevalecer para su salida del Poder Ejecutivo.
Con el libelo acusatorio formalmente aprobado, el expediente fue remitido de urgencia a la Cámara de Senadores, estamento que constitucionalmente debe actuar como tribunal juzgador del mandatario.
Doble convocatoria y la carrera por los fueros
Ante el cruce de resoluciones, el presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, convocó formalmente a ambas cámaras a sesiones extraordinarias sucesivas para la tarde de este jueves.
El cronograma oficial establece el tratamiento de los hechos en dos tiempos precisos:
• A las 5:00 de la tarde: Sesión del Congreso bicameral para analizar y someter a votación la aceptación o el rechazo de la carta de renuncia presentada por Santiago Peña.
• A las 6:00 de la tarde: Sesión prevista para tomar el juramento constitucional al vicepresidente Pedro Alliana como nuevo presidente de la República, siempre que se apruebe la dimisión previa.
Esta superposición de procedimientos ha generado un intenso debate jurídico sobre la efectividad de lo resuelto por los diputados.
Si el Senado decide dar prioridad a la carta de renuncia a las 5:00 de la tarde y proceder con la sucesión de Alliana, el proceso de juicio político quedará automáticamente sin efecto debido a la cesación del cargo de Peña.
Bajo este escenario técnico, el mandatario saliente mantendría sus fueros al revestir de inmediato la condición de senador vitalicio, lo que blindaría su situación frente a la justicia ordinaria.
Por el contrario, sectores de la oposición sostienen que el Congreso debe rechazar la carta de renuncia para dar curso legal exclusivo al juicio político.
De avanzar esta vía y dictaminarse su culpabilidad en la Cámara Alta, Peña sería formalmente destituido. Esta sanción constitucional le impediría acceder a la senaduría vitalicia, despojándolo de toda inmunidad judicial y dejándolo expuesto ante las investigaciones de la Fiscalía General por el colapso del sistema financiero que forzó la caída de su gobierno.
Vía Notitarde
