El inicio del periodo de lluvias ha reactivado las alarmas y el miedo en el sector Los Cortijos, de Maturín. Lo que para muchos es el inicio de una temporada climática regular, para dos madres de familia de la calle 1 significa el recrudecimiento de una pesadilla que ya se extiende por casi cuatro años: la inminente pérdida de sus hogares debido a un gigantesco socavón que amenaza con tragarse sus viviendas.
La erosión del terreno ha avanzado sin tregua, convirtiéndose en un barranco que ya comenzó a devorar las estructuras de las casas. Las afectadas denuncian que, a pesar de haber tocado las puertas de múltiples instituciones gubernamentales a lo largo de este tiempo, el clamor de la comunidad es ignorado de manera sistemática, dejándolas en un estado de total vulnerabilidad y zozobra.
«Donde vivo se sigue socavando el barranco. Le pido al gobernador Ernesto Luna y a la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, una reubicación, ya que soy madre de tres niños y no tengo recursos para la compra de una casa. Vivimos en una zozobra desde hace muchos años y no nos han dado respuestas», manifestó Andreina González.
La situación habitacional llegó a un punto de quiebre hace aproximadamente una semana, cuando la fuerza de las precipitaciones provocó el colapso de una de las paredes perimetrales. El avance del agrietamiento mantiene en alerta a los vecinos, quienes ven cómo la tierra cede centímetros valiosos con cada tormenta.
«Le pido ayuda nuevamente al gobernador del estado Monagas aquí en la calle 1 de Los Cortijos, ya que me encuentro en zozobra. Empezaron las lluvias y donde vivo está socavando continuamente el barranco», relató la vecina, visiblemente afectada por la situación.
El terreno no es apto
De acuerdo con los testimonios, aunque en el pasado se evaluaron casos similares en la zona y se procedió a la reubicación de una familia, estas dos viviendas restantes quedaron en el olvido, clasificadas en condición de «alto riesgo». Los afectados insisten en que la única solución definitiva es el desalojo preventivo y la asignación de un nuevo techo seguro, una medida que incluso es respaldada de manera técnica en inspecciones previas por organismos de rescate como Protección Civil, que ya determinaron que el terreno no es apto para ser habitado.
Ante la falta de soluciones locales, las familias hacen un llamado directo al Ejecutivo regional y a las autoridades nacionales para que se atienda este caso de emergencia antes de que la erosión habitacional se transforme en una tragedia humana inevitable.
Fotos | Juan Goitía
