Vecinos del sector Los Pinos denuncian falta de transparencia en la administración de los recursos del mercado comunal «El Avión». Asimismo, rechazan la ejecución de proyectos dentro de las instalaciones sin previa consulta ciudadana.
Sandra Padrino, vocera de la comunidad, recordó que originalmente los ingresos de este mercado tenían un fin estrictamente social, un propósito comunal que se desvirtuó con el paso del tiempo.
«El objetivo era que los recursos remanentes se destinaran al beneficio de la comunidad. Durante los primeros años así fue: se organizaban festejos para los niños y las madres, y se compraban juguetes. Además, si se contaba con los fondos necesarios, se cubrían medicamentos o cualquier reparación de servicios que algún hogar o la comunidad requiriera», señaló Padrino.
Sin embargo, la vocera señaló que esta realidad cambió radicalmente hace varios años. Desde entonces, se desconoce el paradero de los fondos recaudados semanalmente entre los cientos de comerciantes a quienes se les cobra por trabajar en el espacio.
«Desde hace unos años, esa gestión ya no se ve. Nosotros quisiéramos saber a dónde van esos fondos y recursos. Aquí un puesto para el pescadero cuesta unos 2000 bolívares, mientras que otros pagan 1000. Si hay más de 500 puestos, toda la comunidad se pregunta: ¿cuánto se está recaudando realmente y a dónde va ese dinero?»
Construcción de obra sin consultar
A la opacidad en la rendición de cuentas sobre el mercado se suma el rechazo vecinal a una obra ejecutada sin el consenso comunitario. Según los denunciantes, el espacio —destinado originalmente a concluir una casa comunal con módulos de atención médica— se reasignará a otro fin sin consulta previa ni transparencia.
Se asignaron fondos públicos para ejecutar un proyecto de emprendimiento local, pero la ejecución está a cargo de personas ajenas a nuestra comunidad. Los recursos aprobados para un fin específico no pueden ser desviados ni gestionados de forma arbitraria; cualquier iniciativa de este tipo debe contar obligatoriamente con la consulta y aprobación previa de los habitantes del sector.
Ante la falta de soluciones, el notable deterioro del recinto y la intención de avanzar sin el consenso de los residentes, la comunidad exige la convocatoria inmediata de una asamblea general, reservándose el derecho de recurrir a las instancias legales superiores.
«Solicitamos la convocatoria de una asamblea de ciudadanos para que la comunidad evalúe y convalide la pertinencia de estas acciones. Asimismo, de ser necesario, acudiremos ante las autoridades estatales competentes para exigir la fiscalización y rendición de cuentas de los recursos asignados», puntualizó.
Fotos/Juan Goitía
