Durante la sesión ordinaria celebrada este jueves, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y remitió el texto al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación.
El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, nombró una comisión especial, integrada por 23 diputados, para entregar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez la nueva norma, la cual entrará en vigencia a partir de la publicación en Gaceta Oficial.
La sesión inició con la aprobación de uno de los artículos que causó mayor controversia la pasada sesión, el cual establece que aquellas personas que estén fuera del territorio nacional y puedan ser objeto de amnistía, tendrán la opción de ser representados ante el tribunal competente con un apoderado judicial.
El artículo 7 aprobado por unanimidad señala lo siguiente:
«La amnistía objeto de esta ley abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el marco de los hechos objetos de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley. Excepcionalmente, cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado a abogado o abogada de su confianza y elección, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad. Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente a los fines del otorgamiento de la amnistía. La amnistía solo abarcará a las personas que hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito o falta objeto de amnistía o cesen en su ejecución luego de la entrada en vigencia de esta ley»
Tribunal deberá verificar los supuestos de amnistía
El artículo 11 establece que el tribunal competente, a instancia de parte, verificará los supuestos de amnistía en cada caso y decretará el sobreseimiento de todos los procesos en curso o la revisión de la sentencia firme para su anulación, mediante sentencia de reemplazo en un plazo que no excederá de 15 días continuos.
Asimismo, dictará todas las medidas o providencias necesarias para asegurar el cumplimiento de la mencionada ley, incluyendo el cese de las medidas de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad y cualquier otra medida que haya sido acordada.
Corresponderá al tribunal de control o de juicio conocer o decidir las solicitudes presentadas en los procesos que se encuentren en fase preparatoria, intermedia o de juicio.
La solicitud podrá ser presentada por el Ministerio Público, la persona imputada o acusada o su defensor o defensora.
Corresponderá a la Corte de Apelaciones conocer y decir las solicitudes presentadas en los procesos en fase de ejecución.
La solicitud podrá ser interpuesta por cualquiera de los sujetos a los que hace referencia el artículo 463 del Código Orgánico Procesal Penal (COOP)
Víctima podrá apelar
El artículo 12 establece que la víctima acreditada en el proceso, el Ministerio Público y la persona procesada o condenada podrán interponer recurso de apelación, solo con efecto evolutivo.
El recurso que se tramitará según lo dispuesto en la COPP.
Hechos contemplados en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática
1.El Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
2. Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
3. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo de 2004.
4. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en agosto de 2004.
5. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en mayo de 2007.
6. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
7. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre febrero y junio de 2014.
8. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre marzo y agosto de 2017.
9. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos entre enero y abril de 2019.
10. Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Vía | Últimas Noticias
