Representantes de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera (AJIP) en el estado Monagas continúan exigiendo el pago de deudas acumuladas del fondo de pensiones y la restitución del servicio de salud. Esta situación afecta directamente a más de 4,000 expetroleros en la región oriental.
Durante una movilización frente a la sede principal de PDVSA en Maturín, los voceros gremiales consignaron una serie de documentos para exigir respuestas inmediatas ante la falta de transparencia en la gestión de sus recursos de retiro y el progresivo deterioro de la atención médica.
Ramón Guzmán, gerente seccional de la asociación, enfatizó que esta lucha no tiene tintes políticos, sino que se trata de un reclamo legítimo por los derechos adquiridos durante décadas de servicio a la industria petrolera nacional.
«Llevamos una década esperando respuestas sobre el fondo de pensiones. Queremos visibilizar la precaria situación que padecemos los jubilados, especialmente en materia de salud. No protestamos por capricho; exigimos el cumplimiento de nuestros derechos y de lo consagrado en la contratación colectiva. Como adultos mayores, requerimos atención médica expedita e inmediata, ya que no contamos con los recursos económicos para cubrir estos costos», declaró Guzmán.
Por su parte, el licenciado Pino Alberto Perozo, jubilado de la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente y asesor financiero, cuestionó la gestión de la administradora APJPD y denunció la falta de entrega de los estados financieros consolidados de los últimos diez años de rentabilidad acumulada.
Exigen balance general del Fondo de Pensiones
“El fondo de pensiones es privado y se constituye con el dinero aportado por los trabajadores durante su vida laboral activa. Es inaceptable que ahora pretendan transformarnos de acreedores a deudores. Exigimos la entrega inmediata del balance general, el flujo de caja, el estado de variaciones patrimoniales y el dictamen de auditoría. Necesitamos conocer el estado de la cartera de inversión, la ubicación y estatus de nuestros bienes inmuebles, y que se liquide la rentabilidad acumulada durante la última década”, aseveró Perozo.
Asimismo, los representantes de los jubilados denunciaron que la red de asistencia médica actual de la región es insuficiente e incapaz de cubrir la demanda de los extrabajadores y sus familiares.
«Actualmente, la demanda supera el 90 % y solo una clínica privada en Maturín presta el servicio, lo que resulta insuficiente para atender a los casi 4.000 jubilados del estado Monagas, quienes en su mayoría terminan siendo remitidos al Hospital Manuel Núñez Tovar. Exigimos a la directiva de PDVSA la restitución del sistema de cobertura integral y la contratación de al menos dos o tres centros de salud privados adicionales para garantizar una atención digna», puntualizó el vocero financiero.
Los representantes informaron que mantendrán las acciones institucionales y convocarán a la participación presencial de los agremiados. Asimismo, quedan a la espera de concretar las mesas de trabajo con la alta directiva regional para obtener respuestas a corto plazo.
Fotos/Juan Goitía
