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Justicia argentina confirma el decomiso de 111 bienes de Cristina Kirchner

Con esta decisión, la Justicia busca evitar que los beneficios derivados del delito permanezcan en el patrimonio de los condenados

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este viernes el decomiso masivo de bienes en el marco de la causa por administración fraudulenta conocida como ‘Vialidad’. La resolución respalda lo dispuesto en noviembre de 2025 por el Tribunal Oral Federal 2, que fijó el monto a recuperar en cerca de 685.000 millones de pesos (equivalentes a unos 480 millones de dólares).

Este monto representa, según la Justicia, el perjuicio económico causado al Estado mediante la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante el periodo 2007-2015.

Alcance de la medida: Propiedades y herencias

El fallo afecta a un total de 111 bienes inmuebles. El cronograma de ejecución se dividirá de la siguiente manera:

  • Entorno de Fernández: Se avanzará inicialmente sobre 20 propiedades vinculadas a la exmandataria y su círculo familiar.
  • Lázaro Báez: Más de 80 inmuebles pertenecen al empresario y a las sociedades involucradas en la maniobra.
  • Terceros y herederos: Los jueces determinaron que el origen ilícito de los activos no se altera por transferencias a terceros ni por herencias recibidas por los hijos de los condenados.

A pesar del consenso general, el juez Mariano Borinsky presentó una disidencia parcial, argumentando que no se analizaron con suficiente profundidad los planteamientos de la defensa respecto a los bienes heredados por los hijos de la expresidenta.

Contexto de la condena firme

La medida económica se produce luego de que, en junio de 2025, la Corte Suprema dejara firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández. Actualmente, la expresidenta cumple dicha condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Con esta decisión, la Justicia busca evitar que los beneficios derivados del delito permanezcan en el patrimonio de los condenados, marcando un precedente en la recuperación de activos vinculados a casos de corrupción en el país suramericano.

Con información de Caraota Digital

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