Comerciantes de Maturín piden mejorar la efectividad de la Ley de Protección de las Pensiones, aplicada desde mayo de 2024. El sector solicita la eliminación del aporte tributario por considerar que no ha cumplido con sus objetivos y afecta severamente la operatividad económica de los negocios.
De acuerdo con testimonios del sector empresarial y comercial de la capital de Monagas, esta contribución representa un costo adicional aproximado de 21 dólares mensuales por cada trabajador. Se trata de un tributo que impacta gravemente las finanzas de los establecimientos e incluso ahoga a empresas que se encuentran inactivas.
Aníbal Pérez, comerciante del sector, señaló que ha cumplido de forma continua y puntual con la contribución obligatoria de su nómina, sin que hasta la fecha se observe un cese o alivio de la medida.
«Hasta el momento no he notado que los adultos mayores se beneficien con ese aporte. La pregunta que nos hacemos todos en el sector comercial es qué están haciendo con ese dinero y qué función tiene seguir pagando algo que no cumple con su finalidad. En mi caso, tengo una tienda de ropa con cuatro empleados; por cada uno cancelo 21 dólares al Estado. ¿Para dónde se va ese dinero? Quién sabe», afirmó.
Asimismo, Maikol López, encargado de un local, comentó que ante esta situación sería conveniente derogar el aporte o realizar una revisión transparente de la norma, ya que considera que existe una evidente inefectividad en el beneficio a la tercera edad.
«Sería conveniente preguntarles directamente a los pensionados para verificar si la medida ha impactado positivamente en su calidad de vida. Hasta la actualidad, no he escuchado que se les esté realizando algún pago extra además del Bono de Guerra, que para ser sincero es un monto demasiado mínimo considerando los gastos que tienen los abuelos. Si van a seguir cobrando en base a esta ley, al menos que se vean los beneficios. De ser así, no nos opondríamos», enfatizó.
Hablan los adultos
Por su parte, los propios adultos mayores manifiestan no haber percibido mejoras sustanciales ni beneficios adicionales en medicamentos o ingresos.
Ángel Rafael Gómez, un adulto mayor consultado, afirmó que los montos percibidos por concepto de pensión resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas y que no ha recibido ninguna ayuda derivada del tributo cobrado a los comercios.
«Cuando se empezó a aplicar esta ley de protección, en mi sector realizaron un censo para conocer nuestras necesidades. La mayoría de mis vecinos sufre de la tensión o de enfermedades que se complican con la edad; sin embargo, con toda responsabilidad puedo asegurar que ninguno ha recibido ayuda», destacó. Gómez mencionó que los gastos médicos y de subsistencia continúan siendo asumidos por cuenta propia, por lo que exigió un ajuste real de las pensiones en lugar de asignaciones insuficientes.
En ese sentido, Ángel Figueroa, también adulto de la tercera edad, resaltó que el monto actual de la pensión se mantiene en 130 bolívares mensuales, sumado al Bono de Guerra Económica que perciben, el cual equivale a 70 dólares indexados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Tanto el sector comercial como los adultos mayores coinciden en que es indispensable evaluar el impacto real de este tributo, exigiendo respuestas claras o el cese definitivo de un cobro que no se traduce en bienestar social.
Fotos | Juan Carlos Goitía
