La Fiscalía General de Colombia acusará formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos.
«A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal», se lee en un comunicado del Ministerio Público.
En el documento se llama a recordar que esta causa avanzó tras la negativa de sendas solicitudes de preclusión «que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes».
Aún no está claro cuándo iniciará el proceso judicial contra el exmandatario, si bien el documento precisa que la audiencia de formalización de la acusación tendrá lugar una vez que el Circuito Judicial de Paloquemao de Bogotá «cumpla con el reparto y se conozca el juzgado» al cual quedará asignada la causa.
Como parte de las garantías procesales, el texto puntualiza que «el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, tendrán la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo».
De otra parte, medios colombianos refieren que la nueva determinación incluye nuevos elementos de prueba, como las declaraciones del exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve y su esposa, Deyanira Gómez.
El caso
Los orígenes del caso se remontan a 2012, cuando Uribe, entonces senador, entabló una demanda en contra de su colega senador Iván Cepeda Castro, quien en un debate parlamentario presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Esto derivó en que la Corte Suprema de Justicia se inhibiera de abrir una investigación en contra de Cepeda y, por lo contrario, inició una indagación contra Uribe por soborno y fraude procesal, al tiempo que Cepeda fue considerado una víctima.
Del mismo modo se estableció como hipótesis que el expresidente podría estar falseando información, al encontrar evidencia de posibles presiones ejercidas por Uribe y sus abogados contra los testigos que accedieron a conversar con Cepeda.
El proceso siguió su curso en esa instancia hasta agosto de 2020, cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y perdió su inmunidad parlamentaria, lo que significó que la máxima corte judicial colombiana ya no era apta para juzgarlo y su causa quedara a cargo del Ministerio Público.
Entre esa fecha y 2023, la Fiscalía interpuso dos solicitudes de preclusión que no prosperaron, mientras que en noviembre pasado, el Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el caso contra Uribe no podía ser archivado.
Cortesía Globovisión.
