El sector comercial del municipio Maturín atraviesa actualmente una profunda encrucijada. Mientras que el Seniat avanza en una flexibilización de cargas formales y simplificación de trámites, al eliminar la obligatoriedad de las máquinas fiscales y depurar el padrón de contribuyentes especiales para devolver el flujo de caja a los comercios ordinarios; a nivel local la realidad es completamente opuesta.
Los altos costos de las alícuotas municipales, de servicios como el aseo urbano y los recargos por retrasos en los pagos, amenazan con desmantelar los pocos negocios formales que quedan en pie en la ciudad.
Esta asfixia tributaria ha provocado una contracción en los registros legales, dejando en evidencia que la mayoría ha optado por pasarse a la economía informal para evadir la fuerte carga impositiva.
Desde la acera empresarial, las estadísticas reflejan la gravedad del éxodo hacia la informalidad. Edgardo Berti, presidente de Fedecámaras Monagas, denunció que el tejido comercial del municipio capital sufrió una caída drástica. “Hace años atrás, en el municipio Maturín llegamos a tener registrados unos 17.000 contribuyentes, pero ahora solo están inscritos en Suptrima unos 6.000”.
En contraste, Berti citó cifras del Fondo para el Desarrollo de Emprendimientos en el Estado Monagas (Fondeem), las cuales revelan la existencia de unos 34.000 emprendedores en toda la región y 32.000 específicamente en Maturín.
“Si tenemos ese número de emprendedores, con ellos se puede aumentar la base de contribuyentes y así fortalecer al municipio, pero el tema es que no vemos una retribución sobre lo que estamos pagando en educación, salud o avances”, detalló.
El líder gremial advirtió que la actual carga fiscal devora hasta un 60 % de los ingresos brutos de las compañías, anulando cualquier margen de ganancia destinado a la inversión, la actualización tecnológica o la mejora de los sueldos y beneficios salariales de los trabajadores.
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El gremialista criticó además las distorsiones técnicas aplicadas por la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria de Maturín (Suptrima), explicando que si un comercio le vende una simple resma de papel a PDVSA, el municipio lo tipifica bajo el rango de «actividad petrolera», disparando drásticamente sus alícuotas por encima de lo que corresponde a un comercio menor, además de cobrar “un mínimo tributario” de unos 60 euros a las empresas que están comenzando y aún no han tenido actividad comercial y a aquellas que están momentáneamente paralizadas y declaran en cero.
A esto se suma el polémico cobro del relleno sanitario indexado directamente a la factura eléctrica de Corpoelec. “Si al municipio le corresponde mantener los vertederos, ¿por qué Corpoelec tiene que hacer ese cobro, si se supone que ya pagamos un aseo a la Alcaldía? Incluso los locales cerrados deben pagar estos servicios”, aseveró el presidente de Fedecámaras, concluyendo con una premisa contundente: “Para yo poder pagar debo vender, si no, no puedo… Más pierde el municipio con una empresa cerrada o sometida a multas”.
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El colapso de los servicios y las ventas
A esta postura de Fedecámaras se suma la enérgica exigencia de la Cámara de Comercio, Industria y Producción del estado Monagas (Ciprem), que ha expuesto las pérdidas económicas y la inviabilidad operativa que padecen los comercios locales bajo las actuales presiones de servicios e impuestos.
George Battikha, presidente actual, solicitó formalmente en mayo de este año reducir al 50 % el cobro de la facturación del servicio eléctrico en la entidad, debido al impacto crítico de los prolongados apagones. El líder gremial rechazó que las empresas deban asumir tarifas completas mientras encaran una estrepitosa caída en las ventas debido a la falta de energía estable. Asimismo, cuestionó que la estatal facture el relleno sanitario cuando es una competencia que los contribuyentes de Maturín ya costean directamente ante el ayuntamiento.
“A las empresas hay que cuidarlas, no hay que presionarlas a tal punto de que quiebren o cierren sus puertas; creo que es una política errada el no considerar esto”, sentenció el vocero del sector privado monaguense en esa oportunidad.
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La hoja de ruta empresarial: Cuatro ejes de acción inmediata
Ante esta difícil situación, el bloque empresarial ha unificado criterios a nivel nacional y regional para presentar una hoja de ruta clara que sustituya lo que califican como esquemas punitivos. La propuesta formal de Fedecámaras no se limita al reclamo, sino que plantea reformas profundas estructuradas en cuatro ejes de acción inmediata:
- Revisión Técnica de Alícuotas y Tasas Locales: Fedecámaras Monagas insiste en que las tarifas aplicadas por Suptrima carecen de un estudio técnico real sobre la verdadera capacidad económica de pago de las empresas. Exigen mesas de trabajo continuas para acordar tasas racionales que frenen la migración masiva hacia la informalidad.
- Implementación del Monotributo y Simplificación: Para resolver la brecha de los miles de emprendedores en el estado, el sector privado plantea la creación del Monotributo, un mecanismo simplificado y unificado que elimine las trabas burocráticas y facilite la formalización expedita de pequeños comerciantes.
- Unificación del Marco Parafiscal: El empresariado denuncia que la multiplicación desordenada de contribuciones parafiscales (fondos de deporte, ciencia, tecnología y Ley de Pensiones) encarece críticamente los costos operativos. Se solicita una reforma tributaria nacional integral que unifique y reduzca de raíz estos aportes para devolverle competitividad al sector productivo.
- Erradicación del Mínimo Tributario y Multas de Reapertura: La propuesta gremial enfatiza que no se puede obligar a pagar un impuesto fijo cuando se demuestra contablemente que las ventas están en cero. Asimismo, exigen seguridad jurídica con reglas previsibles, eliminando las multas excesivas impuestas a las empresas que intentan reactivarse tras haber cerrado temporalmente por la situación país.
La premisa que unifica al sector es categórica: «Aumentar la base de contribuyentes para que, al ser más los que pagan, a cada uno le toque pagar un poco menos», garantizando que los tributos respeten los márgenes reales de ganancia de la economía venezolana.
El testimonio de la calle: Sacrificar inventario para subsistir
Para los pequeños comerciantes y emprendedores que le dan vida al centro de Maturín y a zonas periféricas, la gestión tributaria se traduce en zozobra diaria. Gibsy Parejo, dueña de un pequeño emprendimiento de venta de ropa en la ciudad, relató que sus compromisos fiscales superan los 100 dólares mensuales como mínimo, una cifra que la obliga a tomar decisiones extremas.
“Debemos sacrificar la compra de mercancía para poder pagar los impuestos”, confesó, agregando que prefiere asumir la pérdida monetaria antes que aumentar el precio final de los productos a sus clientes. Asimismo, denunció el trato recibido en los operativos: “Los fiscales de Suptrima siempre van con una actitud desafiante, nada orientadora, sino con la intención de aplicar cualquier multa o cierre”.
En una postura de resistencia similar se encuentra Juan García, un comerciante del sector ferretero, que gasta entre el 40 % y 50 % de sus ingresos mensuales exclusivamente en tributos. García señaló que ve con buenos ojos la simplificación digital promovida por el Seniat, pero ratificó la cruda dinámica del flujo de caja local.
“A veces debemos abstenernos de comprar mercancía para no tener deudas y luego no tener con qué pagarlas, porque la prioridad absoluta es estar al día con los impuestos”.
Al igual que Parejo, confirmó conocer a múltiples dueños de locales en Maturín que se vieron forzados a bajar definitivamente sus santamarías bajo el peso de las obligaciones impositivas.
La contraparte oficial: Suptrima defiende un «modelo de gestión» moderno
Frente a los constantes reclamos del sector privado por la inacción municipal, la versión institucional dibuja un panorama radicalmente distinto. De acuerdo con los balances emitidos por la superintendente de Suptrima, Ysis Pérez, el municipio Maturín se ha consolidado como un «modelo de gestión tributaria moderna» y una «vitrina positiva para otras jurisdicciones», destacando el aumento de contribuyentes de poco más de 1.100 en 2021 a más de 5.000 en 2026.
Desde su óptica, el incremento en la eficiencia de la recaudación no responde a un ahogo fiscal, sino a la consolidación de una sólida «cultura tributaria» apuntalada por la total automatización de los trámites a través del portal en línea, destacando además “los incentivos vigentes”, como el descuento del 5% por pronto pago durante los primeros tres días de cada ciclo fiscal.
Para el gobierno local, cada recurso captado a través de los impuestos de actividades económicas e inmuebles urbanos se transforma directamente en las obras públicas, el reordenamiento vial y las mejoras de infraestructura que hoy experimenta Maturín, un argumento que choca frontalmente con la percepción del bloque empresarial, el cual insiste en que “no ven una retribución de lo que están pagando”.
En conclusión, el empresariado de Monagas ve con buenos ojos el avance de la reforma tributaria que está ejecutando el Seniat y las medidas de alivio nacional tomadas hasta ahora, pero exhorta firmemente al Ejecutivo a continuar revisando sus solicitudes y, sobre todo, a implementar estas políticas de flexibilización y coherencia económica en las distintas Alcaldías del país.
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