El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de visa de altos funcionarios públicos, magistrados y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, por estar presuntamente vinculados a esquemas de corrupción y narcotráfico.
La medida, que también se extiende a los familiares directos de varios sancionados, busca frenar el ingreso a EEUU de personas señaladas por minar la gobernanza democrática y el Estado de derecho en la región, refieren medios internacionales.
Entre los sancionados destaca el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien las autoridades estadounidenses acusan de haber abusado de sus funciones para facilitar actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas.
Según el informe oficial emitido por EEUU, el fiscal boliviano habría solicitado y aceptado sobornos a cambio de brindar protección judicial y ayudar a criminales violentos a evadir los tribunales.
Las restricciones aplicadas al fiscal incluyen la cancelación de visados para su entorno familiar inmediato, dejándolos administrativamente inelegibles para ingresar a suelo norteamericano.
Otros altos funcionarios de Bolivia del sistema judicial y del Ejecutivo también fueron acusados de narcotráfico y corrupción:
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
- Martin Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza primera de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en Santa Cruz.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal jefe de la provincia de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jefa de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional, e Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de La Guardia.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado
Caso Colombia, Ecuador y Perú
En el caso de Colombia, Ecuador y Perú, la medida afecta a legisladores, jueces y actores del sector privado.
EEUU revocó la visa a la senadora colombiana Martha Isabel Peralta Epieyú, representante de la bancada del Pacto Histórico y del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), así como al empresario Euclides Torres, vinculado al sector de energía, señalización vial y alumbrado público.
Por su parte, en Ecuador fue cancelada la visa para dos ciudadanos y sus familias inmediatas, mientras que en Perú la medida afectó directamente a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Constitucional de Circuito de Lima.
De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, esta serie de cancelaciones da cumplimiento a los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y ratificados en la declaración de líderes de la iniciativa «Escudo de las Américas», impulsada por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.
«Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo al tiempo que socavan las instituciones democráticas que se están trabajando para fortalecer», subrayó el Departamento de Estado.
El despliegue de estas restricciones unilaterales marca un endurecimiento en la política exterior estadounidense hacia los países andinos, enviando un mensaje directo a los sistemas judiciales y a las estructuras políticas regionales sobre la cero tolerancia frente a la delincuencia organizada transnacional, refieren medios internacionales.
Vía Últimas Noticias
