Un tribunal español ordenó este sábado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea sometida a juicio oral bajo acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Como parte de las medidas cautelares, el juzgado le prohibió la salida del territorio nacional y ordenó la retirada de su pasaporte, una decisión que profundiza la crisis política que rodea al Ejecutivo de coalición de izquierdas.
La resolución, redactada por el juez de instrucción Juan Carlos Peinado en un auto de 84 páginas, estipula que Gómez deberá presentarse ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte un veredicto definitivo. Asimismo, el tribunal notificará de forma inmediata a los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares para garantizar el cumplimiento de la restricción ambulatoria. Por el momento, la fecha de inicio del juicio no ha sido fijada.
La investigación formal, que comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por un colectivo anticorrupción con vínculos a la extrema derecha, apunta a las actividades de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Según el magistrado, la creación y codirección de una cátedra universitaria sirvió presuntamente como «un medio de desarrollo profesional privado» mediante el uso de recursos públicos y contactos personales. Los cargos formales incluyen malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Riesgo de fuga y controversia de seguridad
Uno de los puntos más polémicos del auto judicial radica en el argumento del juez Peinado para justificar la prohibición de salida del país. El magistrado desestimó la tesis de que la escolta policial habitual de Gómez garantizara su permanencia en España, señalando que dichos agentes «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos» podrían, eventualmente, «colaborar en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga».
Tormenta política sobre el Ejecutivo
La apertura del juicio oral asesta un duro golpe a la estabilidad del gobierno socialista, ya afectado por un complejo entramado de investigaciones en su entorno. A la situación de Gómez se suma la reciente apertura de indagaciones sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —figura clave del socialismo español y aliado estrecho de Sánchez— por presunto tráfico de influencias, lo que estrecha el cerco judicial sobre el oficialismo.
Tanto Pedro Sánchez como su esposa han rechazado de manera tajante las acusaciones, enmarcando los procesos judiciales en una «campaña de acoso» de la derecha y la extrema derecha para derrocar al Ejecutivo. Aunque la oposición conservadora ha redoblado las exigencias de dimisión y la convocatoria a elecciones anticipadas —previstas originalmente para el próximo año—, el mandatario descarta renunciar y ratificó su intención de agotar la legislatura.
Reacciones oficiales: Tras conocerse el dictamen, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, manifestó su rechazo a través de la red social X: «Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia. Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo».
Vía Globovisión
