Una publicación del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, generó un gran revuelo en redes sociales este domingo 5 de julio, luego de que difundiera en su cuenta de Instagram un video, acompañado por una música de tono circense, en el que muestra la ubicación en Maturín de uno de los dispositivos de rastreo AirTags que le colocó a la ayuda humanitaria enviada por su país a Venezuela, para los afectados por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.
Aunque el alcalde no hizo comentarios en la publicación, usuarios de las redes sociales lo interpreron como una insinuación de que parte de la asistencia destinada a los afectados por los terremotos, habría sido desviada, al encontrarse en una ciudad distinta a La Guaira.
Sin embargo, la verdad del caso es que el dispositivo estaba dentro de un paquete de toallitas húmedas que iba en una caja con otros artículos, la cual fue entregada a una ciudadana damnificada, quien posteriormente viajó a Maturín a reencontrarse con sus familiares y recibir cobijo de ellos, al quedarse sin hogar en La Guaira.
Por eso resulta indignante que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, pretendiera convertir la ubicación de un dispositivo en una acusación mediática, sin verificar primero la realidad humana detrás de esa señal. Una tragedia no puede utilizarse para fabricar sospechas, alimentar titulares ni someter a familias damnificadas a un juicio público.
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Y la pregunta sobre su ética es inevitable. Su padre, Aaron Mizrachi, fue investigado en Panamá dentro del caso SAP, relacionado con sobornos y tráfico de influencias en la contratación de un programa informático para la Caja de Seguro Social por más de 14 millones de dólares. El Juzgado Décimotercero Penal llegó a validar la indagatoria, la detención preventiva y la orden de captura solicitada en ese expediente. Todo eso está documentado y es verificable en portales de noticias panameños.
Entonces es legítimo cuestionar la moral de quien, teniendo tan cerca antecedentes judiciales de esa gravedad, se siente con autoridad para lanzar acusaciones sin pruebas concluyentes contra un pueblo que atraviesa una tragedia.
La transparencia no es montar un espectáculo con un AirTag ni convertir el dolor de una familia damnificada en munición política. La transparencia exige verificar, preguntar y respetar la dignidad de las víctimas. Y quien pretende acusar desde la sospecha debería, antes que nada, revisar con honestidad el peso ético de los antecedentes que lo rodean. Porque al final, quien vive viendo ladrones por todas partes, quizá esté juzgando desde su propia condición.
