Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, ha reaccionado desde la República Dominicana a las informaciones en torno a su figura tras el registro a su domicilio y la orden de detención emitida en su contra por la juez de Primera Instancia e Instrucción de Majadahonda. El ex máximo mandatario del fútbol español está siendo investigado en el marco de la Operación Brody, en el que la Guardia Civil intenta dilucidar si hubo corrupción en la Real Federación Española de Fútbol relacionada con los contratos de la Supercopa de España, así como la reforma de la Cartuja.
Rubiales, en declaraciones a Europa Press, ha negado que esté intentando conseguir la nacionalidad dominicana, al tiempo que muestra incredulidad con las dudas sobre su estancia en el país caribeño. “Lo de la nacionalidad dominicana es falso. ¿Qué parte no se entiende de que estoy ganándome la vida aquí? Estoy trabajando aquí. Estoy más aquí que en España. Estoy intentando generar recursos porque tengo una familia”, aseguró en un mensaje de texto.
Además confirma que está a disposición de la Justicia española para adelantar su regreso a España, previsto en principio para el 6 de abril (en vuelo que aterrizará a las 11:25), en caso de que la jueza así se lo solicitara: “He pedido al juzgado adelantar mi vuelta para cuando me lo pidan”. En un escrito remitido a la jueza, la defensa de Rubiales aseguraba desconocer si la orden de detención se había emitido y el propio Rubiales había confirmado con anterioridad que su familia se desplazaría hasta República Dominicana para pasar allí la Semana Santa.
La Operación Brody se ha saldado hasta el momento con la detención de 7 personas, entre ellas Tomás González Cueto, una de las personas de confianza de Rubiales durante su mandato, y de Ángel González Segura, directivo de la empresa de construcción Gruconsa que realizó obras en el estadio de la Cartuja y hermano de Pedro González Segura, otro de los detenidos y director general de Servicios Jurídicos de la Federación. Ambos han sido puestos en libertad hoy después de pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho de no declarar.
Con información de As.com
