La crisis político-financiera en Paraguay sumó un impactante capítulo tras el allanamiento de una propiedad de descanso vinculada al expresidente Santiago Peña, ubicada en la villa veraniega de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción.
Durante el operativo encabezado por los fiscales Silvia González, Cristhian Benítez y Elena Fiore, las autoridades descubrieron una cámara ciega oculta de forma estructural en el inmueble.
La estructura secreta estaba mimetizada detrás de una pared falsa dentro de la propiedad, valorada en unos dos millones de dólares.
Al remover el muro, agentes de la Policía Nacional y peritos del Ministerio Público se toparon con una puerta fortificada de alta seguridad de procedencia israelí, la cual incorpora avanzados mecanismos de bloqueo que incluyen reconocimiento biométrico e iris.
Hasta el momento de los informes, los investigadores intentaban vulnerar los accesos para determinar qué elementos o documentación permanecen resguardados en su interior.
El procedimiento judicial en Ciervo Cuá forma parte de las pesquisas de la Fiscalía tras la destitución por juicio político de Peña y su posterior arresto preventivo en una unidad militar.
El ex jefe de Estado enfrenta cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio al ser señalado de desviar millonarios fondos públicos y de previsión social hacia Ueno Bank, entidad financiera de la que era accionista y que fue intervenida recientemente por insolvencia, congelando los ahorros de millones de ciudadanos.
La suntuosa vivienda ya se encontraba bajo la lupa debido a que su construcción habría sido financiada mediante créditos irregulares otorgados por el propio banco intervenido.
De acuerdo con las actas de imputación, Peña se comprometió a pagar cuotas mensuales que superaban casi por seis veces su salario neto como presidente de la República.
Mientras continúan los peritajes en el búnker secreto, el nuevo mandatario Pedro Alliana ha asumido el ejecutivo implementando medidas fiscales de emergencia para resarcir a los ahorristas afectados.
Vía El Universal