La Policía de Ecuador anunció este domingo, que Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, en la provincia de Manabí, fue asesinada, mientras todavía rige el estado de excepción decretado por el Gobierno para frenar la espiral de violencia que se registró a principios de año.
«Esta madrugada en el sector San Vicente, Manabí, se identificó en el interior de un vehículo a dos personas sin signos vitales, con heridas por impacto de arma de fuego, que corresponden a Jairo L. y Brigitte G. (alcaldesa del cantón San Vicente)», informó la Policía a través de su cuenta de la red X.
Según informaciones de medios digitales, la otra persona encontrada sin vida corresponde a Jairo Loor, director de Comunicación del Municipio de San Vicente.
Brigitte García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y era militante del movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El asesinato de García se dio menos de dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero. Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.
El asesinato de Carnero, que era también militante correísta, se sumó a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar la espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
La violencia se desató justo después que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su ‘Plan Fénix’, con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
