local. Itaituba, por ejemplo, ha acelerado en los últimos días la concesión de licencias medioambientales para minería.
«Con toda seguridad, hay garimpeiros de la reserva Yanomami que están beneficiándose de esas licencias», afirmó a EFE Marquinho Mota, coordinador de proyectos del Fórum de la Amazonía Oriental.
Otros pueblos indígenas en alerta
La región de Itaituba también es el hogar de pueblos indígenas como los apiaká y munduruku, de los más amenazados por las mafias mineras y que vienen denunciando los impactos de la actividad en sus tierras desde hace 40 años.
«La situación es aterradora. Sabemos que muchos garimpeiros ya salieron de la tierra Yanomami y están viniendo a Itaituba», asegura Mota.
La historia no es nueva. Hubo un movimiento similar cuando grupos de mineros furtivos abandonaron el río Madeira y se instalaron en el Tapajós, tras la construcción de las hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el estado de Rondônia.
«Ahora va a ser lo mismo», advierte Mota, quien pide al Gobierno de Lula que no deje escapar a los garimpeiros de Roraima porque sería «el fin del Tapajós y del pueblo munduruku como lo conocemos hoy».
Pero el éxodo minero también plantea un desafío socioeconómico enorme para esas localidades altamente desiguales cuyo motor económico es apenas la minería.
Sin un plan alternativo, la llegada de esas miles de personas, unida a una mayor fiscalización por parte de los órganos medioambientales, puede derivar en una crisis social en esos municipios, alimentada por el desempleo y la pobreza.
Terreno fértil para el crimen organizado, cada vez más presente en la selva amazónica.
Con información de 800Noticias.
