La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció, este lunes, una nueva política de alivio regulatorio orientada a facilitar el flujo de servicios financieros hacia Venezuela, con el objetivo de respaldar la estabilidad económica y las labores de asistencia tras los recientes terremotos registrados en el país.
La medida, coordinada con la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), establece que el gobierno estadounidense congelará las sanciones administrativas y medidas de supervisión contra aquellos bancos de EE. UU. que enfrenten dificultades para cumplir estrictamente con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) al procesar operaciones autorizadas con Venezuela.
En su declaración de política, el organismo gubernamental precisó: «FinCEN se compromete por la presente a no tomar ninguna medida de supervisión, incluida la citación de una infracción de la ley, ni a iniciar ninguna acción de ejecución contra ninguna institución financiera de EE. UU. relacionada con los Requisitos de la BSA como resultado de la prestación de servicios financieros autorizados en Venezuela».
La disposición complementa las autorizaciones previa y recientemente emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre las que se incluyen la Licencia General 60 (GL 60) y la Licencia General 57 (GL 57).
El periodo de flexibilidad bancaria abarcará un lapso de seis meses, con vigencia desde el 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027.
Para poder acogerse a este beneficio, las entidades bancarias estadounidenses deberán cumplir tres condiciones: primero, demostrar esfuerzos razonables y continuos por cumplir la normativa anti-lavado de dinero, ponderando la urgencia de enviar ayuda humanitaria. Segundo, no haber sido objeto de una sanción regulatoria firme o acción disciplinaria final por violaciones a la BSA en los últimos 24 meses y, tercero, mantenerse en pleno cumplimiento con el régimen de sanciones aplicable gestionado por la OFAC.
FinCEN aclaró que esta medida busca asegurar que las entidades financieras «que ejerzan el cuidado razonable para evitar violaciones de los Requisitos de la BSA aplicables en apoyo a la recuperación económica de Venezuela y los esfuerzos de ayuda por los terremotos no sean penalizadas», reservando cualquier acción punitiva exclusivamente para infracciones intencionadas o a sabiendas.
Vía Globovisión
