Padres y representantes de la Unidad Educativa Luisa Jiménez Canelón (sector Viboral) y de la Escuela Ana Teresa de la Parra (sector Santa Elena de Viboral), ambas ubicadas en la parroquia Boquerón de Maturín, alzaron nuevamente su voz de protesta. La comunidad rechaza la presión ejercida por entes oficiales para el retorno a las clases presenciales, a pesar de que los planteles continúan contaminados tras un proceso de fumigación que provocó una intoxicación masiva.
Los afectados, entre los que se cuentan más de 14 estudiantes, además de personal docente y administrativo, presentan síntomas severos como vómitos, mareos, problemas digestivos y erupciones cutáneas. Ante la falta de respuestas, los voceros comunitarios expresaron su profunda preocupación debido a que las autoridades de la Zona Educativa han evadido sus responsabilidades, llegando a calificar las afecciones físicas como «episodios psicológicos».
Asimismo, los representantes señalaron la existencia de un doble rasero institucional: mientras que en otros planteles se han autorizado temporalmente las evaluaciones a distancia, en estas dos escuelas se insiste en forzar el regreso a las aulas, poniendo en riesgo la salud integral de los niños y del personal.
Exigencia de respuestas y soluciones definitivas
«Nadie se hace responsable si un niño sufre una complicación grave o un paro respiratorio dentro de las aulas. Nos exigen mandar a nuestros hijos a clases presenciales cuando aún tienen la piel dañada y malestares digestivos», declaró Carmen Cabello, representante de la U.E. Luisa Jiménez Canelón, cuyo hijo y sobrina se cuentan entre los intoxicados. Cabello recriminó que las familias no pueden asumir los gastos médicos de emergencia derivados de la irresponsabilidad en el proceso de desinfección.
Por su parte, Robert González, también representante de la institución, destacó la falta de acciones concretas y la ausencia de organismos competentes para ejecutar un saneamiento profundo.
«Ya no buscamos culpables, exigimos una pronta solución y una limpieza a fondo del colegio. No se sabe qué producto químico aplicaron, pero dejó una alta contaminación que persiste en el ambiente. Los representantes no estamos de acuerdo con abrir los portones mientras se presione al personal bajo estas condiciones de riesgo», aseveró.
En la Escuela Ana Teresa de la Parra la situación es similar. Yonathan Guzmán, representante del plantel, recalcó que hace una semana el Cuerpo de Bomberos del Estado realizó una limpieza en las instalaciones. Posteriormente, el personal docente convocó a una reunión para instar el retorno a clases, pero durante el encuentro varios representantes y una maestra resultaron intoxicados.
«Queremos una desinfección plena y real para que los niños puedan tener sus clases presenciales de forma segura», afirmó.
La comunidad escolar denuncia que, desde las jornadas de fumigación realizadas meses atrás, ni el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ni la Zona Educativa han presentado un informe oficial que determine qué sustancias tóxicas se utilizaron o quién ordenó el procedimiento.
Ante la incertidumbre, exigen una solución definitiva que garantice, de manera prioritaria, la seguridad y la vida de los estudiantes.
Fotos | Juan Carlos Goitía
