Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez completa su primer año de gobierno con un panorama bastante complejo, que muestra, por un lado, positivas señales en el frente económico y, por el otro, un complejo escenario político agravado ahora por las denuncias de supuesta financiación ilegal de la campaña del 2022.
En estos primeros doce meses, y a pesar de la incertidumbre económica generada por declaraciones de altos funcionarios (especialmente de la exministra de Minas Irene Vélez), el Gobierno logró sacar adelante la reforma tributaria más alta de la historia para «atender la deuda social histórica que tiene el Estado con los más vulnerables, de la mano de la responsabilidad fiscal».
La reforma permitirá recaudar $ 19,7 billones en 2023 y un promedio de $ 20 billones en los siguientes tres años. Dichos recursos se destinarán, en su mayoría, al gasto social.
Un logro que se suma a la caída del desempleo a un solo dígito (9,3 %) por primera vez en un lustro. Igualmente, sacó adelante su Plan Nacional de Desarrollo y creó el Ministerio de la Igualdad, que será asumido por la vicepresidenta Francia Márquez, una de las promesas hechas a los electores en la campaña.
También cerró de manera brillante la estrategia de defensa iniciada en el gobierno Santos y proseguida por el de Iván Duque contra la demanda de Nicaragua, que fracasó en su intención de extender su plataforma continental hacia territorio colombiano en el mar Caribe.
En el plano político, sin embargo, el horizonte no se ve nada despejado para el Presidente de la República.
Más que a la de una oposición cerrera –que existe, como en su momento la hizo también el mismo Petro desde el Congreso–, las dificultades del Gobierno se deben leer a la luz de tres escenarios críticos generados desde adentro del mismo Ejecutivo y el entorno presidencial: la decisión del mandatario de acabar con la coalición de gobierno; el escándalo de corrupción protagonizado por su hijo Nicolás y la insólita pelea de poderes entre el exembajador Armando Benedetti y la exjefa de gabinete Laura Sarabia, cuyos efectos políticos y jurídicos aún son indeterminados.
Esos fueron trances que no solo le quitaron al Ejecutivo apoyos claves en el Congreso sino que le mostraron al país que el discurso del cambio y de la lucha contra la corrupción y las viejas prácticas de la política tradicional está lejos de ser realidad. Impresión que se acentuó tras los escándalos de un contrato para su esposo y el posible abuso de poder para lograr que su hijo menor de edad pudiera salir del país sin los permisos correspondientes que terminaron tumbado a la ministra Vélez, más que su desconocimiento del sector de minas y energía.
Ahora, por efecto de la confesión de su hijo mayor, quien además fue uno de los jefes de su campaña política en la costa Atlántica, el presidente Gustavo Petro enfrenta el reto de defender la legitimidad de su elección y de impedir que el escándalo termine paralizando su agenda de gobierno en los próximos tres años. Esto, a menos de tres meses de unas elecciones regionales en las que el Pacto Histórico pretendía consolidar sus triunfos del 2022 y a las que, por el contrario, llega con muy pocas apuestas con chance de imponerse.
