1050 niños venezolanos se encuentran en un limbo legal en Colombia, luego de haber sido separados de sus padres o cuidadores por encontrarse en condiciones precarias.
En común tienen además de la nacionalidad, encontrarse en una situación migratoria irregular.
Así, cientos de menores de edad terminan en centros del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, ICBF, o en hogares sustitutos tras quedar huérfanos, ser separados de sus padres o ser abandonados.
«Una buena parte de esos niños llegan a los hogares porque se los encuentran pidiendo monedas en la calle o divagando días enteros con sus padres buscando dónde comer. Son condiciones que un niño no debería vivir y por eso el Instituto interviene», contó una mujer que protege a dos hermanos venezolanos en Antioquia bajo el programa de Madres Sustitutas.
Pero el problema va más allá de los niños que llegan en situaciones de vulnerabilidad a los centros de restitución de derechos. Al ICFB ingresan otro montón de casos que aún no han derivado en la separación del niño, pero que implican un gran esfuerzo institucional para atender la demanda de los miles de menores migrantes que terminan en poder del Estado colombiano.
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Solo entre 2021 y marzo de 2023, el Gobierno reportó que tuvo que intervenir en 7.690 casos de restitución de derechos de menores de edad cuyos padres o acudientes eran venezolanos.
De ese total se derivan los 1.050 que, dadas las condiciones extremas de vulnerabilidad que determina el ICBF, son llevados a centros asistenciales para ser custodiados por el Estado mientras los padres logran demostrar que están en capacidad de asistirlos, llega otro familiar por ellos o son adoptados.
Sobre este último paso –el de adoptar a menores que definitivamente no tienen acudientes que no puedan responder por ellos–, aún hay un limbo jurídico que impide que la custodia definitiva de esos menores sea entregada a familias colombianas.
«Para ese caso, hay una norma (la Ley 1997 de 2019) que permitió que todos los menores que nazcan en Colombia que sean hijos de migrantes venezolanos puedan acceder al registro civil, la ciudadanía colombiana y, por ende, pueden ser adoptados», contó la madre sustituta. Pero incluso en esos casos hay muchas trabas de la Ley, por lo que los menores terminan condenados a crecer en hogares de paso mientras pasan los años y se hace cada vez más difícil su reintegración a una familia “tradicional”.
Pero el caso es aún más dramático para aquellos niños que nacieron del otro lado de la frontera. Esos menores, que ante la Ley son de nacionalidad venezolana, tienen nulas posibilidades de ser adoptados en Colombia porque la justicia no tiene un marco normativo para ello.
«Se quedan ahí, en un limbo en el que es casi imposible que tengan una familia aunque haya personas que quieren adoptarlos. Ese el caso de los dos hermanos de 3 y 11 años que yo protejo. Aunque la madre de ellos sí ha dado señales de querer volver a tenerlos, por lo que no es un caso en que sea tan necesaria una adopción», concluyó la madre sustituta.
Condiciones para devolver los niños a sus padres
Algunas de las condiciones que exige el Instituto, por ejemplo, son que el padre o tutor tenga un empleo fijo, que demuestre ingresos suficientes para pagar arriendo, darles de comer e ingresarlos a la educación oficial, requisitos que son muy difíciles de cumplir por parte de ciudadanos en situación migratoria irregular.
Por ahora, los legisladores han lanzado varias iniciativas en el Congreso que buscan flexibilizar esas medidas para los padres migrantes y hasta hacer más fáciles los procesos de adopción de esa población especialmente vulnerable. Sin embargo, ninguno de ellos ha avanzado con éxito o se ha trabado en medio de las ajetreadas sesiones de Cámara y Senado.
Mientras eso avanza, el ICBF lanzó la estrategia “Me conoces, niños venezolanos”, un sitio web en el que nacionales y extranjeros pueden revisar en una extensa base de datos los nombres, rostros y edades de los niños migrantes que están en custodia del Estado y que está esperando regresar a su familia o encontrar una nueva.
Con información de El Nacional.
