El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó el anuncio para intensificar su postura crítica contra el tribunal, al cual tildó de «corrupto», «sin valor» y carente de legitimidad.
A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la medida que anunció la presidenta de la República, Delcy Rodríguez. La diplomacia estadounidense aseguró que el Gobierno venezolano se suma así a la iniciativa de Washington para «desmantelar» la Corte.
El Departamento de Estado criticó las actuaciones del tribunal internacional al señalar que la CPI investigó a Nicolás Maduro desde 2018 sin ofrecer resultados concretos. Asimismo, acusó a la institución de destinar recursos a causas contra ciudadanos de países con sistemas judiciales competentes que nunca reconocieron su jurisdicción, lo cual catalogó como un acto de «extralimitación» y «sesgo político».
La Administración del presidente Donald Trump concluyó la nota oficial con un llamado explícito a todos los Estados miembros para que abandonen el Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la CPI.
La postura del Gobierno venezolano
La respuesta de Washington se produjo 24 horas después de que el Gobierno venezolano notificara su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el trámite de salida del organismo.
El canciller venezolano, Félix Plasencia, sostuvo que la CPI concentra sus investigaciones de forma «desproporcionada» en naciones de África y América Latina, actuando bajo intereses ajenos a la justicia. Por instrucciones de Rodríguez, la Cancillería ya comunicó formalmente la decisión al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.
Por su parte, la presidenta Delcy Rodríguez denunció un historial de acciones del tribunal orientadas contra el llamado «sur global», defendiendo que Venezuela promueve un sistema de justicia internacional fundamentado en el respeto a la soberanía nacional.
Antecedentes de tensión entre Washington y la CPI
La postura de Estados Unidos frente a la CPI mantiene una histórica línea de confrontación. Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y desconoce de forma categórica la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses.
Durante su primer mandato, el presidente Trump aplicó sanciones contra altos funcionarios de la Corte por indagar posibles crímenes de guerra atribuibles a fuerzas estadounidenses en Afganistán. Aunque la administración de Joe Biden revocó posteriormente dichas sanciones, mantuvo la negativa de someter a sus nacionales a la autoridad del tribunal.
En su segundo mandato, la Casa Blanca reanudó el enfrentamiento directo con el organismo —especialmente tras las actuaciones de la CPI vinculadas a Israel— insistiendo en que la institución opera con motivaciones políticas y excede sus atribuciones legales.
Vía Globovisión
