El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó la declaratoria de un nuevo estado de excepción por 60 días en ocho provincias y tres cantones del país. La medida entró en vigencia tras la firma del Decreto Ejecutivo No. 498, fundamentado en la grave conmoción interna y la escalada de violencia delictiva que atraviesa la nación.
La restricción abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de los municipios Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Las Naves (Bolívar) y La Maná (Cotopaxi).
Suspensión de garantías constitucionales y toque de queda
Durante la vigencia del decreto, quedan suspendidos los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Esta disposición faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a realizar allanamientos e inspecciones inmediatas ante indicios de delito.
De forma complementaria, el Ejecutivo estableció un toque de queda focalizado entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., con vigencia del 17 al 30 de septiembre, aplicable en cuatro provincias costeras: El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí. Esta medida representa la tercera restricción al libre tránsito decretada en el año.
Homicidios y pugna entre bandas criminales
El Gobierno justificó la decisión tras registrarse 442 homicidios intencionales entre el 16 de agosto y el 10 de septiembre de 2026 en las zonas intervenidas. La provincia del Guayas encabezó las cifras con 187 casos, seguida por El Oro (80), Manabí (73) y Los Ríos (52).
Informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas atribuyen este repunte a disputas territoriales entre bandas del crimen organizado como Los Lobos, Los Choneros, Tiguerones, Águilas y Fatales. La fundamentación técnica señala que el 75% de las muertes violentas registradas en el horario nocturno ocurren durante la madrugada, ventana horaria aprovechada por estas estructuras para movilizarse.
Despliegue militar previo
Como parte de las acciones operativas previas a la firma del decreto, las Fuerzas Armadas desplegaron más de 32 mil efectivos en 317 mil procedimientos en el territorio nacional, logrando la aprehensión de 476 personas y la incautación de 306 armas de fuego junto a más de 8 mil municiones.
Con información de VTV
