El jefe del Estado Mayor para Campamentos Transitorios y Proyectos de Vivienda, Jorge Rodríguez, anunció este sábado un plan habitacional integral para atender a los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio. La primera acción concreta del Ejecutivo será la entrega de las primeras 200 viviendas durante esta semana, un proceso que coordinará directamente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La estrategia oficial abordará la emergencia a través de cuatro frentes simultáneos: la culminación de proyectos pendientes de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), la compra de inmuebles en el mercado secundario, la reforma de la Ley de Arrendamientos y la construcción de nuevos urbanismos con ingeniería antisísmica.
Rodríguez explicó que estas primeras 200 unidades representan la fase inicial de una respuesta que escalará de forma progresiva. Las familias que aún esperan por una adjudicación definitiva se trasladarán temporalmente a hogares unifamiliares de transición. Para financiar el acceso acelerado a los techos propios, el Gobierno coordinó con la banca pública y privada la apertura de una cartera de créditos especiales que contarán con un subsidio de hasta el 80 % para los afectados.
Habilitan 40 terrenos para urbanismos antisísmicos
Uno de los anuncios de mayor impacto fue la identificación de 40 terrenos aptos para el desarrollo de futuras ciudades antisísmicas, ubicados en sectores estratégicos como Catia La Mar, el casco histórico de La Guaira, Naiguatá, Osma y Chuspa. Estas áreas suman en total 584 millones de metros cuadrados, y sus características de edificación finales dependerán de los estudios geológicos en marcha.
El funcionario enfatizó el concepto urbanístico que guiará los proyectos:
«No se trata de espacios para depositar gente, sino de hábitats que tengan canchas, escuelas y centros comerciales para el desarrollo integral de la población», afirmó Rodríguez.
Para reducir riesgos, las autoridades seleccionaron zonas planas al pie de la montaña o sobre mesetas altas con condiciones estables, alejándose de las franjas costeras vulnerables a la actividad sísmica.
Seguridad jurídica en los alquileres
En el ámbito legal, el Parlamento reformará de manera urgente la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. El objetivo de la modificación es facilitar soluciones inmediatas y ofrecer una mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos en el contexto actual de contingencia.
La meta definitiva: 25.000 soluciones habitacionales
Los cálculos iniciales del Ejecutivo proyectan que el Estado requerirá la gestión de aproximadamente 25.000 viviendas para responder a la totalidad de las víctimas, combinando construcción, compra y culminación de obras.
Actualmente, las autoridades registran a más de 17.000 personas que permanecen sin hogar como consecuencia directa de los sismos, un balance que podría incrementarse a medida que concluyan las inspecciones técnicas en los edificios afectados de la región.
Vía Globovisión
