El Gobierno de India rechazó tajantemente la formalización del acuerdo de la Comisión Conjunta de Fronteras firmado entre Pakistán y China para gestionar un tramo disputado de la región del Himalaya. Las autoridades indias descalificaron la medida por carecer de fundamento jurídico, reiterando que la zona forma parte de su territorio soberano en Ladakh y Cachemira.
El anuncio conjunto de Islamabad y Pekín activa un mecanismo derivado del tratado de 1963, mediante el cual Pakistán cedió a China más de 5.000 kilómetros cuadrados del valle de Shaksgam. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de India, Randhir Jaiswal, enfatizó la postura de su país: «Pakistán no tiene legitimidad para celebrar acuerdos relativos a territorio indio bajo su ocupación ilegal y forzosa. No existe frontera entre Pakistán y China en esa zona».
Por su parte, el Gobierno pakistaní defendió la validez del acuerdo como un paso decisivo para institucionalizar la seguridad, el comercio y la infraestructura estratégica del Corredor Económico China-Pakistán (CPEC) en la región de Gilgit-Baltistán.
Un movimiento geoestratégico de doble impacto
El pacto surge en un momento delicado para las relaciones bilaterales, mientras India y China intentan estabilizar la tensión militar a lo largo de la Línea de Control Real (LAC). Expertos internacionales señalan que la reactivación de este mecanismo obedece a razones geopolíticas más que a un cambio cartográfico inmediato en la frontera.
Husain Haqqani, exembajador pakistaní e investigador del Instituto Hudson, sostiene que Pekín busca enviar un mensaje claro a Nueva Deli reafirmando su alianza estratégica con Islamabad y reforzando la percepción de una amenaza en dos frentes. Asimismo, analistas del sector apuntan que la diplomacia china programó este anuncio para afianzar su influencia en el sur de Asia tras los recientes encuentros multilaterales de los BRICS.
Pese a la escalada verbal y al dominio mediático que Pekín despliega a nivel global, fuentes académicas aclaran que el pacto no altera de forma inmediata la operatividad en la frontera militarizada, aunque consolida institucionalmente acuerdos que India objeta desde hace más de seis décadas.
Vía El Nacional
