Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, presentó un balance oficial sobre la ejecución de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Este instrumento legal, promulgado el pasado 19 de febrero de 2026, tiene como objetivo principal consolidar la reconciliación nacional, promover la participación política plural y garantizar la estabilidad institucional del país.
El encuentro de alto nivel contó con la presencia de las máximas autoridades del Estado venezolano, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez; el fiscal general de la República, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Egleé González; y el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Jorge Arreaza.
En el marco de la aplicación de este instrumento jurídico, las autoridades ratificaron la ruta de beneficios procesales trazada por el Legislativo. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, había adelantado que para mediados de mayo se proyecta la excarcelación paulatina de 300 personas adicionales.
Estas medidas se ejecutarán bajo estrictos criterios institucionales, priorizando:
- Razones de salud y edad avanzada.
- Consideraciones estrictamente humanitarias.
- Casos específicos de agentes de la extinta Policía Metropolitana y detenidos vinculados al sector petrolero.
Reinserción política y pacificación del país
La Ley de Amnistía y Convivencia Democrática fue concebida como una herramienta jurídica para favorecer la reintegración civil de ciudadanos procesados o condenados por motivos políticos.
Con la implementación continua de este marco legal, los representantes de los distintos poderes públicos aseguraron que el Estado busca recomponer de manera definitiva el tejido social, promoviendo un escenario de convivencia pacífica de cara a los próximos retos de la Nación.
Con información de Primicia
